El precio del petróleo mexicano
El haber consignado en ley una metodología para determinar el precio de la mezcla mexicana es un avance hacia la transparencia en un tema que se manipulaba de acuerdo al interés del Ejecutivo.
SERGIO BENITO OSORIO*
El mercado internacional del petróleo ha vivido, en los últimos meses, una actividad inusual, que cuesta trabajo calificar de dramática o intensa porque ésas son precisamente sus características habituales, pero que, sin lugar a dudas, habrá fijado un momento histórico, al menos similar al que se vivió en 1980, con la revolución iraní y que impulsó los precios más allá de los 90 dólares el barril. El 7 de agosto de 2006 el precio spot del West Texas Intermediate ?principal indicador mundial en este mercado? rebasó los 77 dólares, nivel que no había sido alcanzado en los últimos 25 años.
Durante los primeros cuatro años de esta década los precios apenas conocieron fluctuaciones y se situaron en un promedio de 28 dólares. Pero en 2004 su media anual subió hasta 39 dólares, y en 2006 el barril superó los 66 dólares. Mes a mes se rompieron récords.
La euforia de analistas y medios de comunicación no había permitido aún digerir los diversos significados que ese fenómeno podía cobrar en el funcionamiento de la economía mundial, cuando se anunció el desplome de los mismos precios y se sembró la incertidumbre de los efectos negativos que la nueva situación podía tener para el raquítico y “petrolizado” gasto gubernamental mexicano.
Comenzó 2007 con un precio que, el 18 de enero, tocó los 50 dólares y la mezcla mexicana se cotizó en 40 dólares, peligrosamente por debajo de los 42.80 que el Congreso estableció como piso de recaudación para soportar el gasto gubernamental (de un presidente de la República recién llegado y que requiere, de manera indispensable, certidumbre financiera para legitimarse socialmente). En sólo cuatro meses los precios habían perdido el 35 % del su valor y se soltó el mar de especulaciones que en estos casos auguran el mayor pesimismo posible.
Febrero empezó con una leve recuperación de los precios. Por supuesto, aún es temprano para obtener conclusiones sólidas en cualquier sentido. Pero los márgenes tan reducidos que se observan para mantener el equilibrio presupuestal atraerá justificadamente la atención de los analistas sobre el curso que sigan los precios internacionales a lo largo del año. Sin embargo, creo que subyace otro asunto de similar (o mayor) importancia: la metodología que gobierno y Congreso utilizaron para definir la altura de los precios de los petróleos mexicanos; porque, al menos en nuestro país, la importancia de los cursos del petróleo existe en la medida en que se transforman en ingresos fiscales y, al final del día, en recursos financieros para el desarrollo.
Por primera vez, se esta haciendo uso de una nueva ley de presupuesto que establece una formula para calcular un precio del petróleo que los legisladores votaron en la ley de ingresos de la federación para el ejercicio 2007. Sí, sólo en México se nos ocurrió votar (eso sí? democráticamente) un precio y sujetarlo a una ley. Desafortunadamente, no es sólo una ocurrencia de los legisladores. Lo terrible es que México tiene uno de los sistemas recaudatorios más ineficientes el mundo ?12 o 14 % en relación al PIB, sin petróleo, mientras el promedio de los países de la OCDE supera el 30 %? lo que prácticamente obliga al gobierno a vivir al día dependiendo del flujo cotidiano de los ingresos petroleros.
Anteriormente, la Secretaría de Hacienda presentaba al Congreso (en el llamado paquete económico de fin de año) una estimación de precios del petróleo que, en su dicho, estaba soportada en estudios y predicciones de especialistas institucionales y consultores. Dada la escasez de los recursos presupuestales, cada año el gobierno y los diputados escenificaban una dura lucha por la magnitud de los precios del petróleo, dado que era la llave para ampliar o reducir el presupuesto.
Como se podrá observar (ver cuadro adjunto), la SHCP subestimaba los precios y los legisladores los ampliaban. Las diferencias entre los precios realmente obtenidos por Pemex en el mercado y las estimaciones adoptadas por el congreso son extraordinarias, no sólo respecto a los precios mismos sino, fundamentalmente, en relación con los llamados ingresos excedentes, que en los últimos años han sobrepasado los 10 mil millones de dólares y que han ido a parar, en gran medida, al gasto corriente, sea federal o de los estados, en coberturas financieras o en obras con reducidas medidas de fiscalización.
Es muy probable que al final de 2007 el promedio de los precios del petróleo no coincida con los 42.80 dólares por barril votado por el Congreso. Esperemos que los precios sean superiores y que, sobre todo, guarden una desviación mucho menor a la que se venía registrado en años pasados. Pues lo que finalmente importa no es si se acierta o no al precio que registre la mezcla mexicana de exportación, sino el objetivo de abatir la desviación que ocurría con el método anterior y la discrecionalidad en el gasto.
Si en 2007 no disminuye la desviación (en cualquier sentido) quedará muy cuestionada la reforma a la ley de presupuesto. Por eso, y mientras es posible lograr la autonomía presupuestal de PEMEX y una modificación a fondo de su régimen fiscal, es conveniente perfeccionar la formula de estimación de precios. Al menos, hay dos aspectos que se pueden observar (y que, se hicieron notar a las autoridades hacendarias antes de la aprobación de la LFPRH). Primero, la serie de la mezcla mexicana, a 10 años, incluye aspectos que ya no están presentes en las exportaciones mexicanas. A mediados de los años noventa se registraba una importante exportación de crudos ligeros, mientras que en la actualidad se vende al exterior básicamente crudo Maya. Este aceite pasará del 59 al 83 % en el periodo considerado, por lo que la formula presenta un sesgo que reduce la estimación, por lo que una serie no mayor a cinco años pudiera ajustarse mejor a las circunstancias actuales de las exportaciones mexicanas.
Por otra parte, también el mercado de los Estados Unidos, que concentra el 88% de las exportaciones mexicanas de petróleo, ha ido evolucionando hacia una estructura donde tienen mayor relevancia los crudos pesados. En el año 2000, los crudos hasta de 30° API, (entre los que se encuentran el Lloyd Blend de Canadá y el Maya mexicano, 22° API, o Arabian Heavy, 27° API, de Arabia Saudita) representaban el 38% de las importaciones. Hoy ese segmento abarca al 48% de las compras estadounidenses y en los últimos meses han llegado al 50% (ver cuadro adjunto). Por su parte, las variedades de petróleo de 30.1° a 40° API (donde se ubican la mayor parte de los ligeros de Medio Oriente, el Tía Juana de Venezuela, 31°, el Istmo mexicano, 33°, o los de Nigeria) pasaron del 56 al 45% de las importaciones. Esta situación ha reducido el diferencial de la mezcla mexicana con el WTI que en 2005 llegó a ser de 14.15 dólares por barril y el año pasado bajó a 12 dólares.
El haber consignado en ley una metodología para la determinación del precio de la mezcla mexicana de petróleo, por extraño que parezca, es un avance, quizás pequeño, en el camino por transparentar elementos que en el pasado se manipulaban de acuerdo al interés del Ejecutivo en turno. Corresponde, ahora, perfeccionar lo adquirido. Es una buena oportunidad porque el conjunto de variables (crecimiento de la demanda mundial, rigidez de la oferta, espacio para los crudos pesados mexicanos, estrechez del almacenamiento y de la capacidad de refinación; riesgo político y, especialmente, climático) permiten ver que los precios internacionales mantendrán una tendencia muy por encima de los precios de 20 ó 30 dólares, y aún niveles de 40 dólares para la hacienda pública mexicana significarán márgenes suficientes para abordar reformas de mayor profundidad.
Pero falta afinar la otra parte de la pinza que define los ingresos petroleros: la transparencia de los factores que determinan los volúmenes extraídos y exportados. Ya el Congreso, en acuerdo con el Ejecutivo, acuerdan el techo, el nivel máximo de la plataforma de extracción, pero ¿cuánto tiempo va a poder sostenerse una extracción de 3 millones de barriles por día? ¿Cómo se establece la estrategia de extracción y exportación? No se trata de minar la autonomía de gestión de Pemex, sino que esta empresa no es la propietaria del recurso natural, sólo es un instrumento del Estado para la explotación y la captura fiscal de una riqueza nacional. Por lo tanto, la sociedad debe conocer con certeza la situación de los yacimientos y los objetivos que persigue la empresa y gobierno en la extracción y exportación de un bien con un alto valor estratégico para la nación.
*Es licenciado en Economía. Ha sido diputado federal por el PRD y presidente de la Comisión de Energéticos, así como consejero de México para Asuntos Agropecuarios en Europa y representante para las Negociaciones de México en el GATT. (sosorir@hotmail.com).
