En riesgo, la Reforma Energética por conflictos sociales: gmi

06 / MAR / 2017
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Redacción / Energía a Debate

 

Desde el inicio de la Reforma Energética a la fecha, 32 proyectos de energía han presentado algún conflicto social, incluidos 7 gasoductos, 8 hidroeléctricas, y un pozo petrolero ubicado en Veracruz que fue adjudicado en la Ronda Uno de Pemex, informó María de las Nieves García-Manzano, Socia Fundadora de gmi Consulting, empresa consultora en impacto social y ambiental para el sector de energía.

 

Según la empresa consultora mexicana, estos proyectos representan una inversión aproximada de 10 mil 200 millones de dólares que estarían en riesgo por problemas sociales y pondría en grave riesgo a la Reforma Energética.

 

“De acuerdo con la Secretaría de Energía, de la entrada en vigor de la Reforma Energética a la fecha se han asignado 39 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 22 de gasoductos, y 74 de electricidad limpia, es decir un total de 135 proyectos que representan una inversión de 67 mil 604 millones de dólares”, recordó García-Manzano.

 

“Es un acierto que el Gobierno Mexicano legislara en la Reforma Energética sobre la necesidad de consultar y evaluar el impacto social de los proyectos de energía para garantizar por una parte el derecho de las comunidades a ser escuchadas sobre las afectaciones que puede tener sobre ellas un proyecto, y por la otra dar certeza a los inversionistas de que las comunidades afectadas están de acuerdo en los planes de gestión social que se llevarán a cabo, y evitar conflictos sociales posteriores”, opinó la Socia Directora de gmi Consulting.

 

“Sin embargo, hoy se está generando una situación de incertidumbre social y jurídica en el sector energético que está empezando a identificarse como un posible impedimento a las inversiones”, alertó la experta.

 

Tanto la Evaluación de Impacto Social, enfocada en detectar los impactos que puede generar un proyecto y establecer las medidas de mitigación, prevención o compensación necesarias en acuerdo con las propias comunidades, como la Consulta Indígena que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo que puedan poner en riesgo sus derechos fundamentales y sus usos y costumbres, son instrumentos ampliamente aplicados en diversas partes del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales, consideró García-Manzano.

 

“Desgraciadamente, las empresas promoventes ven en muchos casos a la Evaluación de Impacto Social como un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía (SENER) y no como un instrumento que les permita conocer las necesidades de la población, interactuar con los actores de interés, e identificar los conflictos sociales potenciales para anticiparse a ellos”, agregó la consultora.

 

“Aunado a lo anterior, el hecho de que no exista la regulación secundaria para poner en práctica estos instrumentos, ha generado un caldo de cultivo para la expansión de intereses en muchos casos ajenos tanto a los proyectos como a las comunidades, que ponen en riesgo no solamente la ejecución de los proyectos para las empresas, sino la posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población”, concluyó María de las Nieves García-Manzano.

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