Sector eléctrico: el asalto a la verdad

11 / JUL / 2020
Electricidad

Compendio de acciones, declaraciones y hechos sobre el sector eléctrico mexicano. ¿Golpes bajos estilo 4T?

 

 Sector eléctrico: el asalto a la verdad

 

Por Alejandro Hinojos* para Energía a Debate

 

La confianza es un valor fundamental para el éxito de cualquier relación, sea entre individuos, empresas o naciones y ésta se soporta en un pilar que es la verdad.

 

El acuerdo para garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, así como la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional y el acuerdo para el incremento (desproporcionado) de las tarifas de transmisión para proyectos renovables legados, publicados en el Diario Oficial de la Federación por instrucciones de Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Fderal de Electricidad (CFE), el pasado 15 de mayo y 10 de junio respectivamente, son un grave atentado por parte de la actual administración encabezada por el presidente López Obrador, su secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, a la confianza de los inversionistas y empresas vinculadas a proyectos de energía renovable, así como de los comerciantes e industriales, consumidores de electricidad, y –por supuesto– contra las familias, tanto en su economía (por el impacto en el alza en la tarifa eléctrica y/o el subsidio a cubrir con nuestros impuestos) como en su salud (por el gravísimo e irreparable daño al medio ambiente).

 

Con formas que parecen ser el sello característico de esta administración, las citadas iniciativas se presentan disfrazadas de una emergencia sanitaria y soportadas en razones y argumentos con débil sustento, apoyadas en una narrativa anacrónica y repetitiva que señala a la Reforma Energética como culpable de los problemas económicos y operativos de CFE, y a la inversión privada como el gran enemigo a destruir y fuente de corrupción, estrategia cuestionable y difícil de entender, que pareciera ocultar otras intenciones preocupantes.

 

Dice Sam Harris, autor del reconocido bestseller sobre la mentira, titulado Lying, que “mentir es engañar intencionalmente a otros cuando esperan una comunicación honesta y entienden algo ajeno a la verdad" y que "hablar con veracidad implica decir con claridad lo que pensamos”, lo cual no significa que nuestros pensamientos sean verdaderos.

 

Resulta importante, por tanto, descubrir si las afirmaciones que casi a diario repite el Presidente en torno a la Reforma y la inversión privada, traicionan -por faltar a la verdad-, la tan prometida honestidad, lema de su campaña y estandarte de su administración, o si esos duros señalamientos son consecuencia de información incorrecta y tergiversada que recibe de sus dos principales colaboradores en la materia.

 

Comencemos por recordar que en la campaña presidencial se prometió respetar la Reforma Energética al menos durante los tres primeros años.

 

Dos días después de la toma de posesión, se suspendieron las subastas eléctricas. Dos meses después éstas se cancelaron definitivamente, como se cancelaron también diversos proyectos de líneas transmisión estratégicas para el sistema eléctrico. Posteriormente, el Presidente impuso, a pesar del rechazo de parte del Senado, comisionados incondicionales y de trayectoria cuestionable, para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), vulnerando la autonomía de ese organismo que funge como árbitro del sector. Se pretendieron anular contratos para la construcción de importantes gasoductos, que ante la respuesta legal se renegociaron. Se intentaron modificar los lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias CELs, (hoy detenido en tribunales), se dio marcha atrás a la separación legal de CFE en diferentes subsidiarias y recientemente fueron presentadas las tan cuestionadas iniciativas de CENACE, SENER y CFE que pretenden impedir la entrada en operación de proyectos de energías renovables y frenar el despacho y viabilidad económica de los que ya están operando.

 

Conviene hacer un recuento de los principales golpes al sector, las declaraciones que los han acompañado, así como los hechos y datos duros en cada caso, luego de 18 meses de una “transformación” con cara de regresión.

 

Declaración: “La Reforma Energética (promulgada en agosto de 2014 con la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica) es abusiva y responsable de la terrible situación económica de CFE”.

 

Hechos: El reporte anual 2017 de CFE señala que luego de la Reforma “…la empresa mostró una mejora sustantiva en diversos indicadores tanto financieros como operativos” y la información confirma que (i) la utilidad neta de 2016 y 2017 fue de $75.2 y 107.9 mil millones de pesos, cuando los 5 años previos se tuvieron importantes pérdidas; y (ii) los costos de operación, el endeudamiento neto y el pasivo laboral se redujeron en 2017 en 12.8%, 40% y 42% respectivamente en relación con 2015.

 

“La CFE era una empresa ejemplar que trabajaba muy bien hasta que los neoliberales y la Reforma la quisieron desmantelar”.

 

En sus 75 años de existencia, previos a la Reforma Energética, la CFE privilegió la electrificación del 98% del país, sin duda un gran logro. El monopolio carecía de herramientas para incentivar la reducción de sus altos costos e impulsar la competitividad del país vía mejores tarifas.

 

La dependencia del Estado por parte de CFE se hizo cada vez mayor, los subsidios a las tarifas aumentaron, así como la inversión requerida para la ampliación de la infraestructura de transmisión y modernización del parque de generación también se elevó hasta volverse insostenible.

 

Antes de la Reforma, las tarifas comerciales e industriales eran 134% y 84% superiores a las de Estados Unidos. El monto del subsidio en 2017 fue de 65,915 millones de pesos (18% de los ingresos totales por venta de energía eléctrica de CFE).

 

 Sector eléctrico: el asalto a la verdad

(Fuente: Sistema de Información Energética, SENER.). Tarifas promedio antes de la Reforma. 73% más altas en México que en Estados Unidos.

 

“La Reforma pretende destruir a la CFE”.

 

Los objetivos de la Reforma son: reducir costos del servicio, promover la inversión e impulsar las energías limpias para la transición energética que el país requiere y garantizar la transparencia y la libre competencia mediante adecuada regulación e instituciones autónomas que la supervisen. 

 

La competencia fomenta la reducción de costos en generación, indispensable para reducir tarifas y/o subsidios, y mejora la competitividad de la industria, el comercio y el bienestar de las familias.

 

Se obliga a CFE a administrarse sin dispendio y le quita la histórica presión al Estado para enfrentar las cuantiosas inversiones requeridas en el sector, y que 25 años antes de la Reforma la obligó a recurrir al sector privado con esquemas como el de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS), que diferían su pago en el largo plazo.

 

“Tomaron la CFE, y le quieren entregar el control a las empresas privadas, sobre todo extranjeras”

 

La planeación y control del sistema eléctrico, la transmisión y distribución de energía y la generación nuclear siguen siendo exclusivas del Estado (a través de CFE), al ser estratégicas. La participación privada se abrió principalmente a la generación, permitiendo inversión en tecnología de punta y la adopción de las mejores prácticas a nivel mundial para generar energía a un costo varias veces inferior al de las plantas de carbón y combustóleo de CFE, permitiendo en el mediano y largo plazos reducir tarifas y/o subsidios de manera sostenida.

 

“Las subastas se difieren, tenemos que revisar, pues se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio”.

 

Las subastas son el mecanismo más utilizado a nivel mundial para fomentar la transición energética de generación fósil, cara y contaminante a energías renovables (más de 100 países hasta 2019 las han adoptado). En México, el proceso organizado por el CENACE y sus resultados fueron ampliamente elogiados por reconocidas instituciones y medios internacionales, referente mundial por su eficacia y transparencia. La administración entrante no ha encontrado irregularidad alguna, no ha habido denuncias, ni procedimientos legales iniciados por algún supuesto acto de corrupción, asociado a éstas. Su cancelación hace imposible cumplir los compromisos de reducción de emisiones asumidos por México en el Acuerdo de París de 2015 en materia de cambio climático.

 

“Se entregaron concesiones, contratos leoninos con subsidio que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular”.

 

Las subastas de energía limpia permitían a CFE (i) adquirir energía más barata que la generada con combustibles fósiles y reducir gradualmente su costo total de generación, sustituyendo la energía más cara y contaminante generada por plantas viejas en proceso de retiro, y (ii) obtener los CELs asociados a esta energía limpia indispensables para cumplir las metas de reducción de CO2, de la que, por mucho, es la empresa con mayores emisiones contaminantes del país.

 

En las tres subastas se registró, para beneficio de CFE, el precio de venta de energía más bajo a nivel mundial. El contrato de compraventa obliga a los ganadores a construir el proyecto de generación y en un máximo de tres años, vender la energía a CFE a precio fijo por un plazo de 15 años y CELs a 20 años.

 

“Quisieron acabar a CFE y apoderarse de la industria eléctrica. Se quejan de la preponderancia de la CFE y es todo lo contrario”.

 

La separación legal de la CFE contemplada en la Reforma, que inició en 2016 y fue revertida por la SENER en marzo de 2019, tenía como objetivo separar, funcional, operativa, legal y contablemente sus áreas, creando nuevas subsidiarias dentro de CFE (generación, distribución, transmisión, suministro básico, etc.), cada una con el mandato de ser en sí misma productiva y restringiendo el uso de información privilegiada entre ellas en perjuicio de los nuevos participantes del mercado eléctrico.

 

“Ahora están planteando de que ya no se van a usar las energías limpias, que no nos importa el medio ambiente. ¡No es cierto! Se van a usar las energías limpias, sólo que ahora con el cambio de regla para los CELs se va a generar un mercado con igualdad de condiciones”.

 

Los CELs son instrumentos financieros que acreditan la producción de energía limpia (1MWh de energía limpia generada = 1 CEL) cuyo objetivo es fomentar la inversión en nuevos proyectos limpios. Generadores y grandes consumidores de energía (Potencia > 1MW) tienen obligación de adquirirlos para liquidar sus obligaciones de mitigación de CO2 establecidas por el país (Ley de Transición Energética) para lograr la reducción comprometida a nivel internacional (Acuerdo de Paris 2015). Actualmente México es el 12º mayor emisor de CO2 en el mundo y el sector eléctrico es, por mucho, el principal emisor en el país, aportando 26% del total.

 

Los CELs son un activo para generadores limpios, cuyo valor de mercado les da un ingreso adicional al de venta de energía. 

 

La modificación solicitada por CFE el 28 de octubre de 2019 permitiría a todos los generadores de energía limpia, incluso las ya construidas (propiedad de CFE) como las hidroeléctricas y la nuclear de Laguna Verde, obtener CELs, beneficiando a CFE y perjudicando a los nuevos proyectos renovables.  La sobreoferta resultante de CELs que CFE estaría recibiendo, reducirá considerablemente el precio futuro de mercado de CELs (entre 200 y 300 pesos) afectando la proyección de ingresos de las nuevas plantas renovables de generación recientemente construidas y eliminando el beneficio para inversiones futuras, lo que desvirtuaría el propósito de la creación de estos instrumentos. Esta medida hace evidente la falta de compromiso de esta administración con el medio ambiente y las obligaciones asumidas por el país a nivel global.

 

Sector eléctrico: el asalto a la verdad

(Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.)

 

“Dijeron que, con la Reforma Energética, con el desmantelamiento de CFE y dejarles el mercado a los particulares iba a bajar el precio de la luz y fue lo contrario”.

 

Los proyectos ganadores de las subastas comenzaron a generar energía de manera gradual a partir de 2018. En 2017 la participación en la generación fotovoltaica y eólica del total del CFE era de 0.3% y 3.4% respectivamente. Actualmente, la generación combinada total de ambas tecnologías asciende a poco más del 11%. Se requiere una mayor participación de renovables a costos cada día más bajos para poder incidir en la tarifa de consumo básico. En 2018 las tarifas se incrementaron como resultado de un ajuste en la metodología de cálculo (del cual es responsable la SHCP y en la que participa la CRE) que le permitió a CFE incorporar otras variables que reflejaran más fielmente el costo real de generación y permitir con ello mejorar el margen operativo de CFE.

 

Las acciones y declaraciones en torno a la suspensión de la interconexión de proyectos renovables a la red y los pretendidos cambios a las reglas de despacho con sus graves implicaciones al medio ambiente son, sin lugar a duda, las más controvertidas y las que han generado la mayor preocupación y rechazo de amplios sectores de la población, además de deteriorar la imagen de México ante el mundo en el ámbito del respeto al estado de derecho, seguridad jurídica de las inversiones y compromiso con el medio ambiente. Revisemos algunas de ellas:

 

“No buscamos limitar las energías renovables, sino garantizar seguridad y continuidad del sistema eléctrico y las afectaciones a la red nacional. Tenemos que ver por la seguridad nacional y más durante esta emergencia sanitaria”.

 

La continuidad del servicio eléctrico se afecta cuando hay apagones, causados típicamente por sobrecarga de las líneas de transmisión y distribución ante incrementos en la demanda eléctrica. La emergencia sanitaria redujo la demanda y por tanto el riesgo de sobrecargas. Por otro lado, la intermitencia de las energías renovables se refiere a la condición de generar energía sólo con presencia de sol (generación fotovoltaica) o viento (generación eólica), que si bien es necesario controlar con dispositivos especiales para seguridad de la red, ello no representa problema alguno en el caso de México, donde menos del 12% del total de generación se realiza con estas tecnologías. En Alemania y en California, se han registrado niveles de penetración de renovables de hasta 78% y 74% respectivamente sin que ello comprometa la seguridad de la red.

 

“Se pretendía cerrar las plantas subutilizadas de la CFE, en esos actos de corrupción se les dio preferencia a particulares, a empresas de generación de energías limpias. Ahora CFE está vendiendo menos, lo que se está haciendo es dando un trato justo a la CFE en cuanto a subir la energía a la red, es poner orden y que haya piso parejo”.

 

Las reglas de despacho de energía (orden con el que las centrales eléctricas aportan energía para satisfacer la demanda a lo largo del día) dan prioridad a las centrales con el costo marginal más bajo. Fotovoltaicas y eólicas en primer lugar, ciclos combinados en base a gas después, termoeléctricas convencionales (plantas de generación en base a carbón y combustóleo) al final. Este criterio existe desde antes de la Reforma Energética y aplica en todo el mundo. La iniciativa de la SENER publicada el mes pasado busca bloquear el suministro de las renovables para que dicha demanda pueda ser satisfecha por algunas plantas de CFE, que de no ser así quedarían excluidas, en particular las de combustóleo que, además de muy caras, son altamente contaminantes.

 

El combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo. A partir de enero de este año, entró en vigor la norma de la Organización Marítima Internacional (IMO 2020) que prohíbe a nivel mundial utilizar en embarcaciones combustóleo con alto contenido de azufre (máximo 0.5% antes era 3%) y con ello Pemex se quedó sin mercado para colocar este producto. CFE ha venido incrementando su utilización para generar energía en sus plantas viejas. Hace poco, el coordinador de generación termoeléctrica de CFE declaró que "si el precio del combustóleo cae por debajo del gas sería interesantísimo, lo haría muy competitivo. Estamos en una coyuntura favorable para obtener ahorros en algunas de nuestras plantas de generación”. Sin embargo, lo que este funcionario no comentó, es que el impacto al medio ambiente sería brutal.

 

Sector eléctrico: el asalto a la verdad

1 Datos contenidos en el estudio "AIRE. Impactos ambientales y a la salud de la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo", a cargo del grupo de especialistas agrupados en el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA), presentado en marzo de 2017.

  

Resulta contrastante la falta de interés que el Presidente ha mostrado frente a la contaminación ambiental y el respeto por los compromisos asumidos en esta materia, con la preocupación mostrada por la contaminación visual ocasionada por aerogeneradores en la región de la Rumorosa, en donde declaró “¡Como se atrevieron!, nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza”.

 

Sector eléctrico: el asalto a la verdad

(Refinería de Tula, Hidalgo)

 

“Las plantas eólicas y fotovoltaicas no le pagan a la CFE el respaldo, ni la transmisión de la energía. En este mundo de mentiras no dicen eso, dicen que vamos en contra de las renovables”.

 

Es preciso aclarar que el pago de la energía y el respaldo lo realizan los consumidores a CFE, no las plantas de generación renovables, como lo ha hecho creer el Presidente y el director general de CFE.

 

Las plantas renovables (intermitentes) cobran por la venta de energía, mientras que las plantas firmes o de base (producen todo el día) cobran por la venta de energía y por la venta de Capacidad/Potencia. Este pago se asocia a la reserva que los generadores firmes deben mantener disponible en caso de que el consumidor de energía requiera el suministro de su demanda máxima (energía requerida si prendiera todos sus dispositivos eléctricos al mismo tiempo) y representa un componente muy importante de la tarifa eléctrica que se paga a CFE.

 

Por otro lado, todos los generadores que utilicen las redes de transmisión y distribución del país para transportar su energía están obligados a cubrir por su uso las respectivas tarifas que cada año publica CFE. En el caso de los proyectos de legados (previos a la Reforma) como el de autoconsumo, modalidad que desapareció con la Reforma Energética, los cargos por transmisión eran fijos, con independencia del punto de inyección y de consumo, en el cual sí se otorgaba un subsidio, que fue aprovechado particularmente por empresas con muchos puntos de consumo distribuidos en el país, incentivo que dio impulso a los primeros proyectos renovables en el país. Entre 2010 y 2019 el costo de generación para proyectos fotovoltaicos y eólicos se ha reducido en 82% y 39% respectivamente a partir de una reducción del precio del módulo fotovoltaico de aproximadamente 90% y entre 55% y 60% en el caso de los aerogeneradores.

 

“En primer lugar, nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho, antes era un Estado de chueco, de cohecho”.

 

Imposible reconocer respeto a la legalidad de quien afirma no haber tocado la Ley de la Industria Eléctrica, pero ha echado mano del aparato estatal y de toda clase de recursos administrativos para violarla, desde el golpe a la autonomía de la CRE, la cancelación de las subastas, la reversa a la separación legal de la CFE, el cambio de reglas en los CELs, y el bloqueo a la entrada en operación de las renovables sin fundamento técnico, justificación legal, y mediante argumentos tergiversados, desconociendo las recomendaciones de la ComisiónFederal de Mejora Regulatoria (Cofemer), lo cual resultó en la renuncia de su titular y finalmente el pasado 10 de junio, los incrementos desproporcionados a los cargos por el servicio de transmisión para proyectos legados de energía renovable o cogeneración eficiente que van de 400% a casi 800% respecto a 2018, dependiendo del nivel de tensión.

 

Sostener abiertamente, como lo han hecho tanto el presidente como la Secretaria de Energía, que respetarán la Ley de la Industria Eléctrica y al mismo tiempo afirmar que “va a haber un 54% de producción de electricidad de CFE y un 46% de privados” es en sí mismo una contradicción. No es posible en un mercado con libre competencia, como el que la Ley de la Industria Eléctrica establece, asignar cuotas por instrucción presidencial.

 

En lugar de un Estado de Derecho, el presidente quiere imponer “el derecho del Estado”, en él mismo personificado, para hacer y deshacer a voluntad y sin análisis ni planeación.

 

Reflexión

 

López Obrador, a través de sus constantes ataques a la Reforma Energética y la inversión privada en energías renovables, incurre en un falso dilema. Sus incisivas y bien elegidas frases sobre corrupción, malos manejos, componendas, negocios millonarios, influyentismo, impunidad, etcétera, bien podrían aplicar en sentido inverso, es decir, a los manejos turbios en el pasado, y al parecer también en el presente, de CFE. Faltando a su promesa de campaña, el 81.7% de todos los contratos firmados por su administración hasta el pasado 14 de abril, se hicieron por asignación directa y no licitación pública (Leonardo Núñez, Más Allá del Coronavirus: Más Adjudicaciones Directas en 2020, MCCI, abril 2020), y su director general goza de una muy cuestionada reputación ganada a lo largo de varios sexenios, incluyendo el actual. Con ello el Presidente desvía la atención de lo realmente importante: debatir abiertamente “qué es mejor” para México, sus familias, sus comercios e industria. Es decir, debatir si el gobierno debe apostarle a las energías fósiles y la repotenciación de sus centrales viejas a través de una CFE dominante, monopólica, o -por el contrario- si en la coyuntura de la emergencia sanitaria y la entrada en vigor del nuevo T-MEC debe respetar la participación privada y el impulso a las energías renovables, sin comprometer la soberanía energética, como la Reforma del 2014 plantea.

 

Se trata de debatir con hechos, con cifras y evidencia científica, los ajustes, las mejoras y en su caso, los cambios a la regulación existente que las nuevas condiciones exigen y no con declaraciones infundadas provenientes de afinidades políticas e ideologías retrógradas, que parecieran perseguir un espejismo, una falsa ilusión donde la política energética y la ambiental dejan de alinearse, con consecuencias verdaderamente graves para la economía, la salud y la seguridad de los mexicanos.

 

Es necesario que el presidente se aparte de esa retórica confrontativa que divide a nuestra sociedad en momentos que como nunca, necesita estar unida, que sea capaz de construir puentes con los inversionistas privados, en lugar de exigirles de manera irresponsable pedir perdón, desde un Estado cuyas limitaciones económicas le impiden por sí mismo generar los empleos y la prosperidad que a diario promete, y cuyas limitaciones ideológicas los impulsan a destruir estos puentes.

 

Si como Sam Harris afirma, comunicarse con honestidad es la medida de la veracidad, López Obrador no tiene opción. O destituye al siniestro Manuel Bartlett y a la improvisada Secretaria de Energía, Rocío Nahle, por reportarle información falsa y perjudicial para México y reconsidera el rumbo del sector eléctrico para alinear la política energética y medioambiental. O bien, en lugar del presidente honesto que prometió ser, será recordado como el gran mentiroso que traicionó sus propios valores, que afectó a todo un país y defraudó a una mayoría que, como yo, creyó en él.

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*/ Licenciado en Actuaría con maestría en administración de negocios en London Business School, socio fundador de Internovum Solar, desarrolladora de proyectos de energía renovable en México desde 2013 y ecologista activo desde hace 20 años.

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