ASEA debe colaborar con autoridades en delitos de energía

06 / ABR / 2021
Regulación

ASEA debe colaborar con autoridades en delitos de energía

 

Ulises Juárez / Energía a Debate

 

Es necesario llamar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a celebrar un acuerdo con las autoridades que persiguen los delitos relaciones con el sector energético, ya que es el eslabón que vincula los operativos de robo de combustible o defraudación, según propuso este mediodía Rosanety Barrios Beltrán, consultora y analista independiente especializada en energía.

 

Consideró que la ASEA ha sido la gran ausente en las reformas a la Ley de Hidrocarburos presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y estimó que con las modificaciones se pretende dar una amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar o suspender permisos a particulares en los segmentos de almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles, hidrocarburos, productos refinados y petroquímicos.

 

“La ASEA funciona como eslabón entre las autoridades que persiguen delitos con las autoridades energéticas”, recomendó la también miembro y fundadora de Vox Experta, iniciativa de análisis y propuestas sobre temas de energía, durante la Mesa de Diálogo organizada de manera virtual por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial.

 

De hecho, manifestó que en estas operaciones deberían de participar todas las autoridades que tienen que ver con estos delitos. “También la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor). La mejor manera de combatir un delito tan penetrado en el país es involucrando y coordinando a todas las autoridades que tienen que ver, sin olvidar respetar las competencias de cada dependencia”, asentó.

 

Barrios Beltrán expuso que las modificaciones al artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos, en donde se establecen las causas por las que la Sener y la CRE revocarían permisos a los particulares, otorgan facultades a ambas dependencias que, en todo caso, corresponderían a otras instancias de gobierno encargadas de perseguir los delitos señalados.

 

“Aquí hay un tema de facultades, ninguna autoridad de energía podría –aunque quisiera– determinar un delito en materia de robo de combustible o de evasión fiscal”, señaló. “Le corresponde a alguien más determinar, entrar, detener y todo el procedimiento legal (para) declarar el delito, establecer la responsabilidad, en todo caso, del dueño de la infraestructura, para (que) entonces sí proceda el procedimiento correspondiente”, añadió.

 

Por ello, también estimó que este resulta el punto más preocupante de la reforma. “Ese resulta por mucho el más preocupante si es que esta Legislatura pretende respetar los términos fundamentales de procedimiento legal y de respeto a la propiedad privada”, aseguró ante las diputadas y diputados de la Comisión a cargo del legislador Manuel Rodríguez González.

 

Asimismo, Rosanety Barrios también apuntó que resulta innecesario incluir en la Ley de Hidrocarburos, en el artículo sexto transitorio, el tema de la revocación de un permiso, toda vez que la CRE ya cuenta con esta facultad. “Hay que preguntar a la CRE por qué no se ha cumplido”, cuestionó.

 

En su participación, la experta aseguró que los objetivos de las reformas propuestas por López Obrador en contra del robo de combustibles no pueden ser debatibles, “¿quién puede estar en contra de eso?”, preguntó.

 

Por otra parte, propuso que se elimine de la iniciativa el requisito de contar con capacidad de almacenamiento de combustibles para otorgar un permiso de distribución y/o comercialización, establecido en el artículo 51 de la Ley.

 

Dijo que nadie construye una instalación de almacenamiento para después solicitar un permiso de distribución o comercialización con el riesgo de que se lo nieguen.

 

Además, recordó que no hay una Ley sobre almacenamiento, pero sí una Política de Almacenamiento que la actual administración modificó para reducir el la capacidad estratégica de 11 a 5 días.

 

Por su parte, Raúl Pérez Johnston, encargado del Enlace con el Legislativo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y especializado en temas energéticos, coincidió con Barrios Beltrán en que los objetico de las reformas a la ley son buenos y loables, pero los medios que plantea no lograrán cumplir con ellos.

 

Al referirse a la “negativa ficta” que establece la propuesta del Presidente, es decir, que solicitado un permiso y pasados 90 días de no recibir ninguna respuesta por parte de la autoridad, se considerará negado, Pérez Johnston previó dos riesgos.

 

Por un lado, la negativa ficta promueve la inacción de la autoridad, ya que la exime de sustentar la negación del otorgamiento del permiso, además de contravenir diversas disposiciones de la Constitución en materia de deberes de la autoridad.

 

En segundo lugar, el particular no contará con los argumentos por los cuales se le negó el permiso en caso de que decida acudir a un tribunal para apelar la negativa.

 

“El sistema de ‘afirmativa ficta’ motivaba a que la autoridad hiciera su trabajo”, aseguró el experto.

 

Al tocar el tema de la ocupación de instalaciones energética ante amenazas a la seguridad nacional, seguridad energética, a la economía y otros que plantea la Ley de Hidrocarburos, Pérez Johnston recomendó definirlos de manera más “estrecha” para determinar los casos de procedencia, ya que consideró que son amplios y ambiguos en la forma en que están redactados.

 

También aconsejó a los legisladores  definir el tiempo de ocupación de instalaciones y de la suspensión de actividades, ya que en la propuesta está como indefinido, situación que genera una gran incertidumbre jurídica.

 

De la misma forma, propuesto definir la forma y método con el que se compensará los daños y las consecuencias de la ocupación y suspensión, como establece el artículo tercero transitorio.

 

Por último, el representante de la Barra Mexicana insistió en que, dadas las reformas a la Ley de Hidrocarburos, deberán revisarse otras disposiciones legales y reglamentarias ya existentes, puesto que se pueden generar nuevas interpretaciones en diversos conceptos, como la seguridad nacional, la seguridad energética y otras.

 

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