Transición energética debe ser justa, democrática y soberana: especialistas

10 / JUN / 2020
Energía Limpia

Transición energética debe ser justa, democrática y soberana: especialistas

 

Ulises Juárez / Energía a Debate

 

En el actual entorno de discusión sobre la participación de las energías renovables en el país, el análisis debería estar centrado en una transición energética justa, democrática y soberana, así como en modificar el modelo de consumo en todos los aspectos.

 

Lo anterior fue expuesto esta mañana durante la conferencia virtual “Energía renovable con enfoque de derechos para una transición energética justa”, promovida por la asociación civil El Poder del Consumidor.

 

En ella, los participantes coincidieron en que hasta ahora el desarrollo de las energías renovables, sin bien ha contribuido a tener una generación más limpia, no han sustituido a los combustibles fósiles. De hecho, solo han agregado más electricidad para consumir.

 

“No se trata solamente de transitar de una fuente de energía a otra fuente de energía”, dijo Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, y planteó que la humanidad está enfrentando una “ecuación muy terrible” compuesta por el crecimiento de la población más el consumo energético por habitante, incluido en alimentación, vivienda y transporte, entre varios factores más.

 

Por ello, agregó, cuando se habla de transición energética, no se trata solo de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, sino de sustituir el modelo de consumo “devastador” de los recursos naturales del planeta.

 

Asimismo, destacó que en el desarrollo de las renovables puede haber corrupción, mayores costos para el erario público en favor de las ganancias de las grandes corporaciones, profundización de la explotación de las comunidades con la expropiación de facto de sus tierras, entre varios más y que han sido características de los proyectos que se desarrollaron en las administraciones pasadas en México.

 

Consideró que las renovables deberían ser todo lo contrario al combatir el rezago y la pobreza de las comunidades, dar acceso a energía más barata a los consumidores e, incluso, permitir que estos puedan generar su propia energía, ventajas que no existen con los combustibles fósiles.

 

Jorge Villarreal, director de Política Climática y Transporte en Iniciativa Climática de México (ICM), reconoció que las renovables han tenido “sus problemas”, pero ya no hay cabida a los combustibles fósiles.

 

Asentó que la planeación y desarrollo de proyectos  renovables debe darse de forma transparente, inclusiva y participativa con pleno apego al marco de derechos humanos individuales y colectivos.

 

También puntualizó que la generación distribuida ayuda para la democratización de la producción y el acceso a la energía.

 

Carlos Tornel, especialista en temas de sustentabilidad y doctorante de la Universidad de Durham, Reino Unido, explicó las visiones en torno a las energías renovables en las administraciones anteriores y en el actual gobierno.

 

Dijo que en las pasadas administraciones el modelo se basaba en el mercado con interés en incrementar el valor económico y en la mercantilización de la naturaleza, lo que tenía como algunas de sus consecuencias altos costos sociales, beneficios al capital financiero y la flexibilización o informalidad del trabajo.

 

Sin embargo, el gobierno actual tampoco lo está haciendo mejor, ya que se basa en un modelo “neoextractivista” con beneficios sociales pero a corto plazo, lo que provoca conflictos socio-ambientales, desplazamientos forzados e, incluso, asesinato de defensores ambientales.

 

Además, prioriza los megaproyectos dirigidos por el Estado, pero no cuestiona las bases del capitalismo global, entre otros factores.

 

Por ello, Tornel propuso una “tercera vía” para la transición energética justa, democrática y ordenada, refiriéndose, en primer lugar, a la participación no simulada de las comunidades y con distribución de los costos y beneficios de la transición más allá del pago por servicios y contraprestaciones.

 

En cuanto al aspecto democrático, el especialista dijo su fin es establecer a la energía como un derecho para todos y no como una mercancía, basado en nuevas formas de organización alrededor de control colectivo, la descentralización de la energía y de la organización política.

 

Y sobre la soberanía, consiste en la capacidad de las comunidades de decidir sobre las fuentes de generación, así como las formas y cantidad de producción, además de cómo, dónde y quién las puede aprovechar.

 

Estos tres aspectos, puntualizó Tornel, tienen sus limitaciones, pero subrayó que no se puede mercantilizar las energías renovables, como sucedía en las administraciones pasadas, pero tampoco es posible ir hacia el extractivismo para obtener combustibles fósiles como pretende hacer el actual gobierno.

 

En su momento, Dolores Rojas, coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll, expuso las desigualdades que persisten en América Latina respecto al acceso a la energía.

 

Tan solo México, Brasil, Colombia y Chile en conjunto consumen 77% de la energía de toda la región, refirió, mientras que 10% de la población total vive en pobreza energética.

 

En México, detalló, 98% de la población tiene acceso al servicio eléctrico, pero 9% de ese porcentaje lo hace de manera informal (“diablitos”), por lo que no tiene electricidad segura, de calidad y le implica riesgos.

 

También hizo énfasis en que las mujeres son quienes más padecen las consecuencias de la pobreza energética, resaltando que las limita en su acceso a la educación.

 

Dolores Rojas reiteró en su mensaje en que las energías renovables actualmente solo han aumentado el consumo energético, pero no han logrado sustituir a los combustibles fósiles y solo hemos transitado a un “extractivismo verde”.

 

“Las energías renovables, lo que hemos visto, es que desgraciadamente no son automáticamente la mejor opción”, afirmó la especialista. “Lo que vemos es que, sin duda, un factor decisivo está en la escala de los proyectos, quizá más que en la fuente misma de energía”.

 

Por ello, consideró que antes de decidir si se produce más energía, primero habría que preguntarse para qué o para quién se necesita.

 

Durante la conferencia, los especialistas y analistas también se refirieron al Acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el pasado 29 de abril, que dejaría fuera del sistema eléctrico nacional a los generadores privados de energía renovable.

 

Carlos Tornel manifestó que es grave que el gobierno federal apueste por las energías fósiles y que no tenga un plan o programa específico para las renovables y para la transición energética. Solo se menciona en el Plan de Nación 2018-2024, pero no hay detalles.

 

“Tiene que ver con una transición o cambio político. Es claro que el Estado debe invertir en las redes de transmisión y distribución, pero la generación debe estar en manos de las comunidades, de las cooperativas, promover la democratización”, afirmó el colaborador de ICM. “También necesitamos hablar de la reducción del consumo y la equidad”, agregó.

 

Por último, Ana Tamborrel Signoret, también de Iniciativa Climática de México, hizo la presentación de tres propuestas de mecanismos de política pública para lograr una transición energética más justa.

 

En coordinación con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede en México, y el Centro de Colaboración Cívica, elaboraron la instrumentación de la Evaluación Ambiental Estratégica, un mecanismo que no evalúa proyectos de renovables en específico, sino que es un instrumento de planeación y gestión política para programas regionales.

 

El segundo mecanismo es el Fortalecimiento de la Evaluación del Impacto Social mediante la incorporación de proceso participativos locales, de rendición de cuentas y transparencia “para que sea un mecanismo de intercambio de información y evaluación en dos vías”, dijo Tamborrel.

 

Y el tercero consiste en una propuesta de Diagnóstico socio-cultural del Territorio, algo que hasta ahora no se ha hecho. Sería un instrumento para la planeación y el ordenamiento territorial.

 

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