El régimen internacional de derechos humanos y su implicación en proyectos energéticos en México

01 / ENE / 2018
politica

José Alberto Moreno Chávez*

La apertura del mercado energético en México ha conllevado una serie de problemáticas adjuntas que se separan de los problemas del mercado de energéticos o de los problemas técnicos. Prácticamente, con la apertura se han multiplicado el número de actores que deben tener responsabilidad sobre los proyectos, cuando en tiempos pasados eran soluciones estrictamente estatales.

El régimen internacional de derechos humanos y su implicación en proyectos energéticos en México
 

Un ejemplo de tales problemas y nuevas responsabilidades, es la aplicación del mecanismo de consulta para poblaciones indígenas en el caso de la planeación de proyectos energéticos. El derecho a la consulta se desprende del Acuerdo 169 de la OrganizacióInternacional de Trabajo (OIT) en los capítulos 6 y 7, en donde se asegura la integridad de sus territorios y la consulta popular en caso de que un Estado o empresa decidan impulsar una obra de magnitud tal que pudiera poner en riesgo su cultura y estilo de vida. Sí bien tal derecho es reconocido por el Estado mexicano y a raíz de la apertura energética se ha impuesto como uno de los procedimientos sucedáneos a la designación del ganador de una licitación, al carecer de una legislación propia y adecuada para llevar a cabo las consultas, se convierte en un proceso obscuro que pone en riesgo tanto las inversiones como el derecho de las comunidades.

Este artículo tiene la intención de hacer una crítica desde el régimen de los Derechos Humanos, acerca de las dificultades que tienen para implementarse en el caso mexicano. Así, partimos como hipótesis de que existe una brecha entre el marco de Derechos Humanos y la implementación de la consulta, haciendo de esta un requisito posterior a la licitación, cuando debería ser anterior. Tal condición eleva la posibilidad de que las inversiones no se realicen y favorece a la violación de ciertos derechos de las comunidades -especialmente el Derecho a la información- provocando contextos política y socialmente volátiles.

El artículo está divido en dos secciones. La primera habla sobre el origen histórico del marco de protección de los Derechos Humanos y las responsabilidades de las empresas en la materia; así como un acercamiento teórico de la responsabilidad empresarial acerca de los Derechos Humanos. La segunda parte será una discusióteórica en específico acerca del caso mexicano.

2. Los regímenes contemporáneos de los Derechos Humanos y su relación con las empresas.

Entre la comunidad internacional se ha generado una concientizacióincipiente y creciente en relación con el papel de las empresas para que actúen conforme a los Derechos Humanos.

Algunos inversionistas ponen cada vez más presión sobre las empresas transnacionales para que hagan uso de estos instrumentos y prácticas éticas. En un artículo reciente en el Financial Times, se hacía eco de tal tendencia, al prácticamente duplicarse los fondos de inversión que desde el 2012 se rigen bajo criterios de responsabilidad ética con el Medio Ambiente y los contextos sociales en donde operan(1). No sólo ello, sino que desempeñó en la Financial Times Stock Exchange (FTSE) de tales fondos han seguido una trayectoria similar.

De manera paralela, distintos gobiernos en América Latina (Colombia, Chile y Perú, entre otros) han reformado sus leyes para integrar perspectivas ancladas en los Derechos Humanos y Culturales, que vayan acompañando inversiones de carácter energético o extractivo, incorporando evaluaciones de impacto social que acompañen a las medioambientales. Así, las evaluaciones de impacto se basan en la suposición de que cada proyecto de inversión asentado en parajes rurales y comunidades indígenas tiene inevitablemente repercusiones sociales positivas o negativas, directas o indirectas, voluntarias o involuntarias, únicas o acumulativas sobre el ambiente de paz y de conflicto.

En consecuencia, y para potenciar los efectos positivos, prevenir o mitigar los efectos negativos y los riesgos, a la par de contribuir a la realización efectiva de los Derechos Humanos, parece imprescindible que las empresas entiendan principalmente, cómo sus actividades influyen en los Derechos Humanos de las poblaciones locales.

El contexto de los Derechos Humanos y las empresas han tenido, en el pasado, encuentros desagradables, en donde ha existido complicidad entre gobiernos y empresas por vulnerar derechos de poblaciones forzándolas al trabajo, desplazándolas para ocupar sus tierras o violando derechos laborales alterando horas de trabajo, obligando al trabajo infantil o negando el pago de salario o el derecho a huelga. Sí bien tal cúmulo de violaciones eran comunes al régimen moderno de Derechos Humanos (establecidos a partir de la Carta en la materia, promulgada en 1946 por las Naciones Unidas), no es anacrónico decir que tales comportamientos y violaciones sistemáticas se organizaban en acuerdo entre autoridades y empresas y que tales restringían derechos individuales y colectivos de las poblaciones que se veían afectadas. Tales fueron prácticas cotidianas en los regímenes coloniales europeos en ֱfrica y Asia durante los siglos XIX y XX, y políticas empresariales que implementaron varias compañías estadounidenses en el Caribe y América Central hasta mediados del siglo XX. El recuerdo de tales abusos y crímenes han generado críticas y discusiones jurídicas sobre la implicación directa o indirecta(2) de las empresas en regímenes de abierta violación de Derechos Humanos.

En consecuencia y desde la debacle que representaron los totalitarismos para la salvaguarda de los Derechos Humanos, esta serie de principios han tomado preminencia en el Derecho Internacional y en los más diversos acuerdos entre Estados desde la segunda mitad del siglo XX. Como antecedente histórico durante el periodo, es ineludible la responsabilidad empresarial en violaciones de Derechos Humanos, como en los diversos casos de trabajo forzado y desplazamiento, que utilizaron varias empresas alemanas, estadounidenses y británicas (sumadas a la industria soviética) utilizaron mano de obra forzada y desplazamiento ilegales para abastecer el mercado laboral en tiempo de guerra desde los campos de concentración(3). Sí bien en el caso de la Alemania nazi, tales violaciones podían caer dentro de principios jurídicos preservados por tales estados, la responsabilidad sobre ellos no eludió al marco posterior de Derechos Humanos consagrados en la Carta de 1946.

De esa manera, crímenes de lesa Humanidad como el trabajo forzado, el desplazamiento de pueblos, comunidades o etnias con motivo de obligarlos a ceder tierras o forzarlos a sistemas de servidumbre o semi-servidumbre, han quedado prohibidos desde mediados del siglo XX.

Con el régimen moderno de Derechos Humanos se consagró al Estado como su máximo garante y salvaguarda. Tal condición se desprendía de las condiciones surgidas de la segunda posguerra en donde se fortaleció la presencia estatal en todos los ámbitos (desde el político y el económico, pasando por el social y el cultural) y en donde la lógica del derecho internacional perseguía tal fortalecimiento. Por ello, las mayores salvaguardas de tales principios fueron (aunque sólo idealmente) los Estados como organizaciones políticas con capacidades jurídicas totales al interior de sus territorios. En consecuencia, la obligatoriedad de cumplir con los Derechos Humanos eran responsabilidades soberanas y que en pocas ocasiones llegaban a discutirse en foros internacionales.

Sin embargo, con el ascenso del neoliberalismo tanto como teoría económica y política administrativa pública, entre la década de los setenta y los ochenta, la centralidad absoluta del Estado fue eclipsando y surgió un nuevo modelo cuyos otros actores centrales son las empresas y las corporaciones. Así el centro de la economía y la política han virado en los últimos cuarenta años hacia un sistema corporativo, en donde la gobernanza y la gobernabilidad oscilan en torno a los intereses económicos y corporativos, favoreciendo la apertura de mercados para bienes y servicios. Igualmente, el derecho internacional ha considerado en este tiempo la nueva importancia de las empresas como entes políticos e iniciado nuevos marcos legales que las incluyan dentro de la responsabilidad y derechos que antes sólo concernían a los Estados.

Inicialmente en el seno de las Naciones Unidas, ante la demanda por considerar a las empresas como actores responsables por la protección de los Derechos Humanos, en agosto de 2003, se dieron a conocer las Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales; documento que pretendía imponer responsabilidades directas a las empresas con miras a lograr una protección completa de todo el espectro de los Derechos Humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de importancia para las actividades de las empresas, a la par de identificar derechos específicamente relevantes para las actividades comerciales y relacionados con asuntos laborales, ambientales y de protección del consumidor.

El régimen internacional de derechos humanos y su implicación en proyectos energéticos en México
 

Tales normas recibieron una acogida tímida entre la comunidad internacional. Para algunos de los defensores de los Derechos Humanos, representan una normativa más comprensiva, más clara y más completa sobre empresas y Derechos Humanos que se extiende allende del ámbito del derecho laboral. Sin embargo, otros defensores las rechazaron por considerarlas acríticas con las empresas y los gobiernos, a la par de abrir las puertas para inversiones y proyectos en donde los pueblos autóctonos debían someterse a priori en lugar de ser consultados. Por otro lado, los representantes corporativos critican firmemente tanto el enfoque vinculante y legislativo de las Normas, el cual, según dicen, carece de fundamento y constituye una desviación importante con respecto al Derecho Internacional (pues sólo los Estados tienen obligaciones jurídicas con arreglo a la normativa internacional de derechos humanos), como su contenido, según dicen, vago, impreciso e inexacto.(4) Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos reconoció que el documento contiene elementos e ideas útiles que hay que tomar en consideración, aunque por ser un proyecto de propuesta carece de autoridad legal.

John Ruggie, el representante especial de la ONU para Derechos Humanos y empresas, publicó en abril de 2008 un informe estratégico organizado en torno a los tres principios básicos para proteger, respetar y remediar, el cual es en sí bastante crítico acerca de las Normas (Naciones Unidas, 2008). Establece que el proceso de identificación de una serie de derechos limitados para los cuales las empresas son responsables es erróneo.

Teniendo en cuenta que las empresas pueden infringir virtualmente todos los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, Ruggie sugiere que los esfuerzos se centren en la definición de las responsabilidades específicas abarcando a todas las empresas en relación con todos estos derechos. Por tanto, la primera responsabilidad de las empresas es la de respetar todos los Derechos Humanos y evitar toda actividad que cause o pueda causar perjuicios en términos de exacerbar y desarrollar los conflictos existentes y potenciales. Esta obligación puede entrañar la adopción de una conducta proactiva por parte de las empresas.

A partir de este viraje, hoy en día, están a disposición del mundo corporativo varios instrumentos para la evaluación de impacto sobre los Derechos Humanos. Por ejemplo, el Instrumento de Evaluación de la Observancia de los Derechos Humanos (Human Rights Compliance Assessment Tool), producido por el Instituto Danés para los Derechos Humanos; el cual presenta más de 350 preguntas y más de 1000 indicadores destinados a evaluar la toma de decisiones de la empresa en relación con los derechos humanos. También La Guía para el Estudio de Impacto sobre los Derechos Humanos (Guide to Human Rights Impact Assessments), auspiciada por la Corporación Financiera Internacional, el Foro Internacional de Líderes Empresariales y el Pacto Mundial, es otra iniciativa relevante a este respecto. En los últimos años, en el marco de las industrias extractivas que actúan en determinados contextos de tensión, conflicto armado o subdesarrollo, varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones publicaron pautas específicas para la evaluación del impacto sobre la paz y el conflicto o para la evaluación y la gestión del riesgo. En esta línea, son particularmente relevantes las Prácticas Empresariales dependientes del conflicto: Consejos para las Industrias Extractivas (Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries), elaborado por Alerta Internacional en 2005, y en el 2008 la Guía Industria del Petróleo y de Gas de la Asociación internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente. Estas guías tienen buen potencial para ayudar a entender y aplicar mejores prácticas en esta área sensible, y promover relaciones más pacíficas con las comunidades anfitrionas en las zonas de explotación. Un ejemplo de ello es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (IETI); quien por medio de procesos de validacióde comunicación e información entre comunidades, gobiernos e industrias extractivas, y que han sido implementados en países con conflictos sociales importantes debido a la extracción, como Perú Nigeria; resultando en avances significativos en la difusión y respeto de derechos, así como en compromisos tripartitos.

Dicho esto, no hay que perder de vista el objetivo último de estos instrumentos: si bien parecen atractivos en la teoría, y beneficiosos en la práctica, lo que realmente importa en la realidad es la manera en que los directivos se implican para llevarlos a cabo y utilizan sus conclusiones, pues al mero hecho de proceder a este ejercicio no se atribuye mucho valor.

Como John Ruggie ha asegurado: Los Estados no deben dar por supuesto que las empresas siempre prefieren o se benefician de la inacción pública, y deben considerar una combinación inteligente de medidas nacionales e internacionales, obligatorias y facultativas para promover el respeto de los derechos humanos por las empresas(5).

Por ello, y para evitar que las empresas se sumen a marcos de incumplimiento de los Derechos Humanos, organizaciones como la ONU, la OIT o la OCDE han fijado últimamente su mirada ante el campo de las violaciones dentro de los ámbitos empresariales y en especial en el caso de grandes inversiones y megaproyectos.

De esa manera, podemos argumentar que -actualmente- las empresas no son entidades independientes o desconectadas dentro de los contextos que operan. Por el contrario, son actores sociales dentro de las comunidades. Esta condición genera responsabilidades irrenunciables como son la protección del medio ambiente o la generación una política de información e intercambio social en las comunidades en las que están asentadas. A diferencia de lo que sostenía Milton Friedman, quien apoyaba la idea de que el único deber de las empresas era incrementar sus ganancias, el aumento de la vigilancia de la sociedad civil y un marco normativo internacional más exigente ha transformado esta visión complejizando su papel como actor social.

Por ello, y para evitar que las empresas se sumen a marcos de incumplimiento de los Derechos Humanos, organizaciones como la ONU, la OIT o la OCDE han fijado últimamente su mirada ante el campo de las violaciones dentro de los ámbitos empresariales y en especial en el caso de grandes inversiones y megaproyectos.

De esa manera, podemos argumentar que -actualmente- las empresas no son entidades independientes o desconectadas dentro de los contextos que operan. Por el contrario, son actores sociales dentro de las comunidades. Esta condición genera responsabilidades irrenunciables como son la protección del medio ambiente o la generación una política de información e intercambio social en las comunidades en las que están asentadas. A diferencia de lo que sostenía Milton Friedman, quien apoyaba la idea de que el único trias Extractivas (IETI); quien por medio de procesos de validación de comunicaciónóe información entre comunidades, gobiernos e industrias extractivas, y que han sido implementados en países con conflictos sociales importantes debido a la extracción, como Perú o Nigeria; resultando en avances significativos en la difusión y respeto de derechos, así como en compromisos tripartitos.

Sí bien ya existía una transferencia de ganancias hacia obras filantrópicas en versiones conservadoras de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), los nuevos marcos inclinan a las empresas para que desarrollen planes más complejos de RSE e inclusive diseñar estrategias que involucren a la Gobernanza Social Corporativa. Los profesores Thomas Donaldson y Thomas Dunfee desarrollaron esta idea en su Teoría de los Contratos Sociales Integrales(7) en virtud de la cual las empresas multinacionales actúan como personas o agentes morales que, por tanto, son responsables morales de las acciones que llevan a cabo en el ámbito social, al igual que lo son las personas reales. Además, tienen la responsabilidad social de proteger los intereses del pueblo local con el que trabajan y promover el bienestar de la región en la que están operando. 

De acuerdo con esta teoría, los intereses en conflicto se resuelven formulando un acuerdo justo entre las partes. Es decir, los Contratos Sociales Integrales se basan en un contrato social hipotético entre la empresa y las comunidades locales, cuyas modalidades crean obligaciones éticas vinculantes que legitiman la presencia de la empresa. Las comunidades aceptan cargar con algunas obligaciones (tales como el dejar a la empresa explotar sus recursos naturales y reconocerla como un actor con presencia legítima) a cambio de otras obligaciones que la empresa acepta cumplir. En consecuencia, las empresas transnacionales solo pueden justificar éticamente sus actividades cuando tienen un impacto positivo sobre las regiones y comunidades locales en las que desempeñan sus actividades.

La teoría de Donaldson y Dunfee, forma parte del repertorio de teorías especiales que versan sobre la toma de decisiones orientadas que vienen recogidas en la literatura sobre los negocios éticos y cuyo impacto inicial fue restringido al seno de círculos eruditos y académicos y encontró resonancia de forma marginal dentro del mundo empresarial. No obstante, el interés en los Contratos Sociales y el negocio ético, creció a medida en las redes internacionales de empresas transnacionales durante los años ochenta y noventa hasta convertirse en una preocupación mayor para los directivos en el siglo XXI.

De esta manera podemos afirmar, en el naciente siglo XXI, contribuir al respeto de los Derechos Humanos ha dejado de ser una cortesía, y se ha convertido en un principio a la hora de hacer negocios. Aunque las antiguas prácticas empresariales no contemplaban este punto y se resguardaban bajo la sombra del Estado cuando las infringían, los marcos legales contemporáneos no las consideran sujetos ajenos a la responsabilidad de salvaguarda de garantías y derechos. Por ello, no se puede pensar a las empresas como esferas ajenas a las sociedades en donde operan, sino partes centrales en ellas, teniendo responsabilidades y obligaciones para los regímenes de Derechos Humanos. Inclusive, ante este nuevo contexto, las empresas podrían ser actores de una mayor relevancia para salvaguardar tales Derechos que el papel pasivo al que se les ha dado hasta el día de hoy.

Ante esta perspectiva, el respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas no sería una opción sino un mecanismo de regulación tanto jurídica como social entre las comunidades o sociedades en donde operan y el Estado. De ninguna manera sería conveniente que el Estado claudicara de la defensa y protección de dichos principios y garantías, sino que también los extendiera a las empresas como agentes de co-responsabildad.

De acuerdo con la socióloga Mary Kaldor, la población civil en general se encuentra en mayor riesgo en los últimos años: por un lado, la mengua del Estado hace que las poblaciones marginales o en riesgo social enfrenten mayores abusos por agentes privados como las empresas; por otro lado, ante una violación de Derechos Humanos las poblaciones civiles en áreas de conflicto son consideradas daños colaterales(7). Tal cuestión de inseguridad, combinado en México con un cumplimiento precario del Estado de Derecho, puede operar en contra del respeto y salvaguarda de las comunidades, al establecerse soluciones por medio de la violencia o con acuerdos ilegales en aras de terminar un proyecto o inversión. Ante tales circunstancias ha sido una preocupación por parte de algunos organismos internacionales de blindar a las sociedades frente a abusos empresariales.

No obstante la presencia de los mecanismos de consulta, todavía hay poca reflexión y menor internalización- entre la mayoría de las empresas y su relación con la salvaguarda de los Derechos Humanos. Es común pensar que es una esfera apartada del mundo de los negocios y que de cierta manera éstos no tienen responsabilidad en la protección social y civil del entorno en donde operan. En contraste al Derecho Ambiental, en donde al paso de los años, las empresas se han comprometido para disminuir o evitar el impacto contaminante, la responsabilidad social todavía no ocupa el sitio que merecería tener.

Ahora, las empresas como actores internacionales deben regirse bajo el marco común de respeto de los Derechos Humanos en los países que invierten, siguiendo los Principios 14 y 15, fracción b de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU, al igual que el principio segundo y cuarto de las directrices de la OCDE de la Declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales(8).

Existen -de acuerdo con el jurista Andrew Clapham- esencialmente tres categorías principales de complicidad empresarial en violaciones de los Derechos Humanos(9). En primer lugar, la complicidad directa se produce cuando los actores del sector privado asisten, promueven o prestan deliberadamente apoyo moral a un Estado en la vulneración de los derechos fundamentales. Un ejemplo de esto es cuando una empresa promueve la reubicación forzada de personas en circunstancias relacionadas con las actividades empresariales.

En segundo lugar, la complicidad indirecta, sugiere que una empresa se beneficia directamente de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por terceros. Por ejemplo, violaciones perpetradas por contratistas o terceros bajo regímenes de subcontrato, cuyas actividades o acciones vulneren los Derechos de los habitantes en los territorios de trabajo e inversión, pero que beneficien de manera directa o tangencial a la empresa. Esto constituye la característica más frecuente del comportamiento empresarial en zonas de conflicto. Los efectos negativos de las actividades mercantiles pueden surgir del hecho de desempeñar sus actividades en un entorno hostil: actividades rutinarias en un contexto pueden generar consecuencias involuntarias en otro contexto y prolongar las hostilidades. Así, por ejemplo, prácticas de contratación determinadas pueden reforzar las desigualdades sociales y económicas y, por lo tanto, exacerbar las privaciones civiles y contribuir a más inestabilidad e inseguridad en el territorio.

En tercer lugar, la complicidad silenciosa o tácita hace referencia a las expectativas de los defensores de los derechos humanos para que las empresas transnacionales planteen adecuadamente en sus interacciones con las autoridades correspondientes la cuestión de violaciones sistemáticas o continuas de los derechos humanos. La complicidad silenciosa se basa en la aceptación creciente de que la influencia de las empresas en los gobiernos trasciende el ámbito comercial y económico y que existe culpabilidad en no ejercer influencia en estas circunstancias. Por ejemplo, la inacción o la actitud de tolerancia por las empresas ante situaciones de discriminación sistemática en el empleo de ciertos grupos por motivos de origen étnico o de género podrían resultar en acusaciones de complicidad silenciosa. Ahora bien, queda claro que los límites de la complicidad silenciosa variarán de una compañía a otra y del contexto del país en el que las actividades tienen lugar, como lo ha planteado Amnistía Internacional a inicios del siglo.(10)

Ahora, desde la perspectiva política sería más complicado, pensando en que para demandar a alguna de las empresas transnacionales debería ser el propio Estado en donde ocurrió el incidente quien demandara; y sobre esta demanda el Estado debería aceptar también su responsabilidad en el caso.

A pesar de lo anterior, los esfuerzos de la ONU para hacer más responsables a las empresas en la salvaguarda de los Derechos Humanos es un esfuerzo que puede marcar esta época. Esto es una oportunidad para las empresas socialmente responsables. De esa manera se busca que cualquier organización que represente poder (ya sea el Estado, las empresas o ciertos grupos políticos) se comprometa a respetar la jurisdicción universal de los Derechos Humanos, contribuyendo con ello a una sociedad más justa y equitativa.

Se puede consultar el artículo completo en: http://programaenergia.colmex.mx/images/Articulos/derechos-humanos.pdf

(1) KYNGE (2017), “The ethical investment boom”, Financial Times, versión en línea, consultado el 22 de octubre del 2017: https://www.ft.com/content/9254dfd2-8e4e-11e7-a352-e46f43c5825d .
(2) Por implicación directa entendemos la situación en donde la empresa por medio de un pago o con acuerdo a la autoridad viola directamente y con conocimiento de causa un derecho de sus trabajadores o de la población en donde se asienta su producción o dirección. Por implicación indirecta entendemos la circunstancia en donde una empresa, en medio de un contexto particular de violación de garantías, es parte de tal régimen sin complicidad directa en la violación o crimen de lesa Humanidad.
(3) HOMZE (1967), Foreign Labour, pp. 13-23, 264-297.
(4) CANTÚ RIVERA (2013), “Empresas y derechos humanos”, p. 321.
(5) RUGGIE (2011), Informe del Representante Especial, pag. 9.
(6) Esencialmente en las obras conjuntas: Ethics in Bussiness and Economics (1997) y Ties that Blind (1999)
(7) KALDOR (2011), El poder y la fuerza, pp. 284-288.
(8) “Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades”. OCDE, Declaración sobre inversión internacional, p. 22.
(9) CLAPHAM (2006), Obligaciones dimanantes de los derechos humanos para actores no estatales, págs. 3134. N.B. Sí bien Andrew Clapham reflexiona esencialmente sobre las empresas de seguridad privadas dentro del contexto de la Guerra en Iraq, tales categorías son perfectamente extrapolables a la actuación de cualquier empresa en un territorio que no se encuentre en conflicto.
(10) AMNISTÍA INTERNACIONAL (2000), Human Rights. Is it any of your business?, pp. 4-9. 

*Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su Maestría y Doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en El Colegio de México. Tiene un Posdoctorado en Historia y Estudios Globales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Actualmente, es Director de Investigación en Conecta Cultura A.C.

 

site stats