El desafío transfronterizo
México y Estados Unidos deben negociar un instrumento para explotar yacimientos transfronterizos, aprendiendo de la experiencia de otros países.
Juan E. Pardinas, Lourdes Melgar, Miriam Grunstein, David Enríquez*
Muy pocas empresas petroleras internacionales tienen la tecnología y la capacidad financiera para explorar y producir en aguas profundas. A escala internacional hay escasez de equipo técnico y humano, lo que hace poco viable intentar contratarlos en el mercado global. Los costos de perforación de un pozo ubicado en aguas superficiales varían entre 10 y 15 millones de dólares, mientras que en aguas profundas suelen superar los 100 millones de dólares. El costo de un campo en aguas profundas puede llegar a más de mil millones de dólares. Además de estas dificultades financieras, el proceso de extracción enfrenta condiciones complicadas, como la temperatura y la presión de los pozos, tanto en el fondo marino como en el subsuelo.
En el caso de México, Pemex no cuenta con la experiencia necesaria de exploración en aguas profundas, ni con los recursos financieros que se requieren para la extracción de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos. Las excavaciones más profundas de Pemex llegaron, en 2006, a casi mil metros de profundidad, mientras que la mayoría de los prospectivos yacimientos compartidos se encuentran en tirantes de agua superiores a los mil 500 metros de profundidad.
El desafío es que Estados Unidos ya ha licitado bloques o parcelas de territorio marino fuera de las 2.8 millas que abarca el tratado, pero cerca de la línea fronteriza. Lourdes Melgar y David Enríquez en este volumen destacan que en áreas cercanas a las zona del Hoyo de Dona existe una región sumamente rica en recursos donde muy probablemente existen yacimientos transfronterizos, sobre los cuales México no tiene protección jurídica en sus acuerdos bilaterales. Resulta predecible que en estos bloques licitados existan yacimientos transfronterizos de gas y petróleo.
En Estados Unidos, empresas privadas internacionales pueden competir en la licitación de los derechos de explotación sobre los recursos petrolíferos en el subsuelo en sus mares territoriales. Las compañías petroleras ya han perforado varios pozos a menos de 30 kilómetros de los límites con México, ubicándose el más cercano a menos de 5, estas empresas esperan iniciar la producción de esos campos en el 2010.
El Servicio de Administración de Minerales (MMS, siglas en inglés) de Estados Unidos prevé iniciar la licitación de algunos bloques contenidos en el área que abarca el tratado a partir del 2011. Esta agencia federal administra más de un millón de acres de agua territoriales y recauda millones de dólares anuales en ingresos mineros. Unas de sus principales misiones es el programa federal para la gestión de recursos minerales de la plataforma continental.
La región del Golfo de México, una de las tres oficinas regionales del MMS, recauda anualmente más de 10 billones de dólares en regalías de la empresa petrolera que opera bloques arrendados.
El Tratado del Hoyo de Dona dio a México un margen de 10 años para desarrollar la capacidad de explotación y exploración de petrolíferos en aguas profundas. Desgraciadamente, nuestro país dejó pasar el tiempo. A tres años del fin de la moratoria, PEMEX carece de los avances necesarios para aprovechar los yacimientos en los límites de nuestras aguas nacionales. Como señala Melgar en su artículo, México puede intentar una renegociación del tratado para ampliar la moratoria o impulsar una serie de cambios legales que permitan acceder a mayores recursos técnicos y financieros para explotar la riqueza del subsuelo.
El hecho de que México no haya desarrollado la capacidad para explotar pozos en la zona limítrofe no incluida en la moratoria del tratado, no legitima a que entidades públicas o privadas de Estados Unidos explore o explote reservorios transfronterizos.
PROTEGER LOS RECURSOS
El tiempo se acaba. El interés nacional llama a hacer una profunda reflexión sobre la estrategia que como país debemos seguir para proteger el petróleo mexicano en las cuencas compartidas con Estados Unidos. Mientras debatimos en torno a posibles remedios menores para la crisis de la industria petrolera, Estados Unidos avanza avasalladoramente en la conquista de los recursos del fondo marino del Golfo de México.
La asimetría tecnológica es enorme, como lo es también la divergencia en las reglas del juego que aplicamos a los hidrocarburos propios o ajenos.
México ha tenido triunfos diplomáticos, como el reconocimiento, por parte de Estados Unidos en el llamado Tratado del Hoyo de Dona, de la existencia de yacimientos transfronterizos y del derecho de cada parte a protegerlos. Sin embargo, al igual que en la estrategia militar ninguna amenaza tiene peso a menos que pueda ser sustentada en la fuerza, en materia de recursos transfronterizos ninguna cláusula tiene contenido a menos que nuestro país cuente con las capacidades humanas, técnicas y financiera necesarias para proteger su riqueza petrolera.
EL MIEDO A LA UNIFICACIÓN
La unificación del subsuelo petrolero nacional con el de los Estados Unidos cimbra las creencias y sentimientos más profundos de los mexicanos. Para muchos de ellos, el subsuelo no es una capa de rocas sino una zona sensible de su historia y de su psique. Por algo dijo Octavio Paz que México no se ve en la superficie, sino que se siente desde el subsuelo. Como si en México en lugar de petróleo brotara obsidiana líquida.
Así, para explotar los yacimientos que comparte México con Estados Unidos habrá que bajar la llama de nuestra sensibilidad y aprender el pragmatismo del viejo mundo: cuando las dinastías sellaban alianzas y aseguraban su poderío político-territorial mediante matrimonios estratégicos entres sus herederos, quienes ni siquiera tenían que quererse. No era por amor sino por conveniencia. Todo indica que se acerca el día de compartir el lecho (submarino) y sus riquezas con quienes estén explotando o vayan a explotar el otro lado del Golfo de México.
Fijar los términos y condiciones de la unión de una pareja tan singular como México y Estados Unidos no será tarea fácil; sin embargo sobran precedentes internacionales que demuestran que tampoco se trata de lo inconcebible, aún tratándose de estos dos países siempre y cuando los incentivos y el pragmatismo de las partes priven sobre sus pasiones. Si en cada uno de los participantes hay claridad sobre el objetivo común, la explotación óptima conjunta de hidrocarburos, es factible llegar a los acuerdos que correspondan para llevarla a cabo. Otros en el mundo ya lo han hecho porque así les ha convenido. En otros capítulos de este estudio ya se narraron los antecedentes de negociación internacional que condujeron a la celebración del tratado, tanto sobre delimitación de fronteras marítimas como de unificación de yacimientos. Siendo así, el paso siguiente será imaginar si México y Estados Unidos, acaso, podrán replicar esta experiencia, con sus particularidades, por supuesto.
El camino hacia la unificación es complicado y, con el beneficio de la moratoria ya en puerta urge tratar la ruta. Para el poder político mexicano, sin duda, la salida fácil será invocar las prohibiciones constitucionales vigentes en el país. Si así fuere, no habrá más conclusión que “aquí no se puede”, y con sólo eso habremos renunciado al derecho que tenemos sobre los hidrocarburos que puedan encontrarse en un yacimiento compartido con Estados Unidos. Sería el peor error que, en defensa de un texto constitucional intocable, quedará hundido el patrimonio de mexicanos presentes y futuros. Una Constitución que impide que un pueblo aproveche sus recursos no sirve y en tal sentido hay que cambiarla. Por eso las constituciones son normas cambiables y no efigies para ser adoradas en un altar.
No debemos evadir el desafío de encontrar el camino para explotar todos nuestros recursos. Si ello implica reformar la Constitución y las leyes en materia de hidrocarburos, es obligación de los factores de poder de nuestro país negociar y llevar a cabo estos cambios de manera conveniente para México. Hay que recordar a nuestros gobernantes que no hay nada en el sistema normativo nacional que se un impedimento natural o inmutable para que un proyecto de unificación sea posible. Gracias a nuestro sistema político, todas las normas, desde la Constitución hasta las circulares administrativas, pueden modificarse.
ALGUNAS CONCLUSIONES
El Derecho internacional debe ser siempre el punto de partida para entender y denunciar apropiaciones ilícitas de hidrocarburos transfronterizos. Pese a los funestos tropiezos que ha tenido la comunidad internacional, lo cierto es que el Derecho Internacional es el instrumento más refinado para luchar por la justicia entre los Estados.
México y Estados Unidos de América pueden y deben negociar un instrumento idóneo para la explotación y distribución de hidrocarburos transfronterizos, aprendiendo de la experiencia de otras regiones del mundo.
Nadie en su sano juicio puede sostener que el proceso para decidir e instrumentar un sistema “hecho a la medida” para que Estados Unidos de América y México exploten y distribuyan recursos transfronterizos es un ejercicio sencillo. En él están implicadas no solamente cuestiones económicas, sino diferencias culturales e históricas profundas que, sin duda, han echado raíces en sus respectivos sistemas jurídicos.
Sin embargo, tarde o temprano la realidad habrá de imponerse y ambos gobiernos tendrán que reconocer que la cooperación es el único camino posible, y que la adaptación de sus normas es la única posibilidad para enfrentar esa realidad. Por fortuna, el acervo histórico de la cooperación en materia de hidrocarburos transfronterizos es amplio y ofrece todos los rangos de complejidad posibles, de los cuales ambos países deben aprender. Desde nuestro punto de vista, dar un paso en la dirección correcta implicaría, en el corto plazo, dos acciones concretas que aquí sugerimos:
La primera es evaluar con objetividad y mediante entidades independientes internacionales, si ha habido un abuso unilateral y contrario al Derecho internacional por parte de Estados Unidos de América, en detrimento de los recursos energéticos en la Plataforma Continental de México y, en su caso, indemnizarlo íntegramente y sin demora, so pena de entrar en un litigio internacional que, en nada fomentaría la cooperación binacional efectiva.
La segunda es conformar una comisión bilateral con claros términos de referencia y cronogramas, la cual -asistida por quienes fuera necesario- formule una propuesta de plan de trabajo para negociar e implementar el mejor sistema posible de explotación y distribución de hidrocarburos, cuyo ámbito especial de validez sea -de una buena vez y para siempre- toda la frontera marítima entre México y Estados Unidos de América.
* Artículo elaborado con fragmentos del libro “Cruzando límites: México ante los desafíos de sus yacimientos transfronterizos”, publicado por Foreign Affairs en Español y la Red Mexicana de Energía.
