Petróleo, reforma y seguridad energética

28 / MAY / 2017
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Se requiere incorporar la perspectiva estratégica en materia petrolera, a fin
de no perder su control frente a la amenaza de la escasez futura del recurso.

RosÍo Vargas SuÁrez*

 

Todas las industrias energéticas utilizan algunos criterios básicos para garantizar la   viabilidad de la empresa y/o la Nación en términos de seguridad energética, tales como: 1) hacer disponibles los energéticos y alcanzar un suministro regular y confiable; 2) contar con capacidad para hacer frente a la variabilidad de precios; 3) consideraciones de tipo ambiental y de 4) seguridad y/o soberanía como parte de los diseños de las políticas energéticas a nivel empresa y/o Estado. Bajo estos criterios, intentemos ofrecer una lectura de la iniciativa de reforma del presidente Calderón.

Ante la baja de la producción actual y futura, la propuesta de reforma plantea la necesidad de buscar proyectos alternativos que permitan sostener los niveles actuales de producción petrolera, para lo cual se propone manejar todas las opciones de producción: en tierra (incluyendo Chicontepec), aguas someras y aguas profundas. Pese a todas estas, se estima un déficit productivo que justifica ir a aguas profundas, ya que allí, asumen, se encuentra más del 50% de los recursos prospectivos que es parte de la idea de que existe una extensa base de recursos petroleros por explorar (100,000 mil millones de barriles equivalente) o 61 años de producción que sólo requiere de un marco regulatorio adecuado para explotarlos. Bajo ese concepto, al hacer modificaciones a la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional, se podrá garantizar la seguridad energética.

De no ir por todas las opciones, se asume un déficit productivo de 1 millón de barriles diarios que sólo podrían venir de Chicontepec y aguas profundas. A fin de salvar la brecha también se proponen los recursos transfronterizos que se explotarían en un esfuerzo bilateral conjunto con Estados Unidos. Así, la reforma propone maximizar la renta petrolera, maximizando la producción petrolera al poner todas las opciones productivas.

Esta línea de argumentación, no obstante, soslaya el hecho de que la mayor parte de lo que México produce tiene como objetivo la exportación 55% (2000-2007), siendo los Estados Unidos el principal destinatario de esta venta (85% de la exportación incluyendo la que lleva vía terceros), lo cual hace que la dedicatoria de maximizar la producción sea nuestro vecino del norte. Asimismo, si bien hay una caída reciente en la plataforma reciente de exportación petrolera, ha habido un importante aumento en los precios internacionales del hidrocarburo y, por tanto, en los ingresos.

En el corto plazo, esto se debe a las presiones que genera una coyuntura de altos precios que, a la vez, acarrea disgusto entre los consumidores estadounidenses, quiebras en la industria aeronáutica y un conflicto político para la administración republicana que no logra elevar en mucho la oferta mundial, pese a las presiones que ejerce sobre la OPEP y Arabia Saudita. Bajo una perspectiva de más largo aliento, aumentar la oferta productiva encaja con los derroteros de la integración energética fijados bajo el Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN) de aumentar la oferta energética global y facilitar los flujos transfronterizos en América del Norte. Asimismo, responde a los derroteros que los Estados Unidos buscan en relación con Canadá y México de acceder a los recursos energéticos no explotados de la región.

Por lo anterior, la reforma calderonista atiende bien los objetivos de la seguridad energética de los Estados Unidos de contar con un mayor abasto petrolero y energético, en general. El riesgo para México es que las presiones de su vecino en un contexto de demanda creciente y precios internacionales altos, le lleve a intensificar el ritmo de explotación petrolera acelerando la declinación productiva de sus yacimientos en el tiempo, habida cuenta la madurez natural de las cuencas geológicas mexicanas.

Si bien los argumentos oficiales sobre la situación geológica de México parecerían reconocer los límites geológicos, en realidad siguen suponiendo que los recursos fósiles son inagotables. Los diseñadores de la política energética mexicana siguen percibiendo la problemática de la producción petrolera como temporal, resultante de la ineficiencia  gubernamental, por lo que las soluciones vendrían del sector privado al inyectar inversiones en estas actividades. El problema –y así lo ven los países desarrollados– radica en la existencia de obstáculos para el acceso a las áreas productivas, dentro de los cuales el mayor es la Constitución.

La percepción oficial es que, una vez que se logren aperturas de mercado en el sector, el problema de la menor producción se resuelve, ya que se asume como una cuestión temporal. En el manejo oficial subyace la noción de que el petróleo es un recurso infinito y, en consecuencia, las alternativas de política petrolera lo tratan como si fuera un recurso renovable o inagotable y no toman conciencia de sus límites geológicos. Incluso, está ausente del análisis de la reforma calderonista el contexto internacional que alerta y da cuenta del declive mundial de la producción petrolera (sobre todo, en lo que se refiere a campos gigantes y cuencas petroleras y gasíferas maduras, como ocurre en América del Norte y en otras latitudes del norte industrializado) frente a una tendencia de demanda creciente capaz de generar conflictos internacionales entre países por la apropiación de los recursos. Ante la ausencia de esta noción y del momento geológico del petróleo en México, la reforma calderonista no ve el petróleo como recurso estratégico del recurso, sino más bien como una mercancía más bajo una óptica fundamentalmente comercial.

Hay aspectos relacionados con la seguridad y la soberanía, factor otrora definitorio de la política exterior de México. Se intenta incorporar al sector privado nacional y extranjero a través de las modificaciones a la legislación secundaria, con miras al control de toda la cadena productiva del pozo hasta la venta de gasolina. Sin embargo, el carácter estratégico de la industria tiene que ver no sólo con su importancia para el funcionamiento de la economía nacional, la sociedad y la nación misma, que en todos los aspectos descansa en la energía para operar, sino también ha sido fundamental en México la renta petrolera como base de un proyecto de industrialización y razón de ser del estado de bienestar.

Hoy día, los recursos petroleros –o su ausencia– también son un factor vital incluso para impulsar la transición energética. Bajo la propuesta de reforma calderonista tiende a perderse no sólo el control de un sector estratégico a nivel nacional como motor para una política industrial, sino también un desarrollo tecnológico propio y la garantía de un propósito social como parte de las tareas del Estado, ya que la renta petrolera se tendrá que compartir (vía contratos incentivados tipo riesgo, ganancias y sacrificio fiscal) con el sector privado, sobre todo extranjero.

Otro riesgo es la pérdida de soberanía. Esto se relaciona con la estructura asimétrica de la integración con los Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y que pone en vilo la soberanía mexicana bajo el actual proceso de “integración profunda” por la manera en que se inserta México en esa estructura con su vecino del norte. Debido a las diferencias en términos de poder económico y político, la integración ha devenido en una situación de desventaja para México como nación, aunque no para la élite del poder, por la forma de inserción subordinada a los lineamientos del hegemón. La pérdida de soberanía de México bajo la actual integración tiene la peculiaridad de la injerencia directa en el diseño de políticas públicas, en la incorporación de los intereses y visiones de las empresas extranjeras al elaborar estas políticas en su favor, a diferencia de otros momentos de la historia en donde la pérdida de soberanía tenía una connotación básicamente territorial. El actual proceso puede ser más letal por ser menos visible.

El carácter subordinado de México en la integración se agudiza por la situación de debilidad que atraviesa en estos momentos al Estado mexicano: crisis en diversos aspectos de la economía en un entorno político y social que favorecen la imposición del interés nacional del país fuerte y de sus corporaciones, en la elaboración de la política petrolera mexicana. Por ello, es imperiosa la necesidad de incorporar la perspectiva estratégica en materia petrolera, a fin de no perder su control frente a la amenaza de la escasez futura del recurso.

Hoy día, el petróleo se convierte en el recurso más valioso. Su valor agregado tiene que ver con el momento geológico de México y del planeta mismo. Los recursos mineros remanentes deben empezar a manejarse bajo la perspectiva de la transición energética que considere horizontes productivos como parte de la estrategia. Ello obliga a revaluar la vocación exportadora de México, sobre todo si ello implica una explotación intensiva. Ante un escenario de esta naturaleza no podrá privilegiarse el acopio de la renta petrolera por arriba de la necesidad de una reforma fiscal integral que libere a esta industria de la carga fiscal. Empezar a delinear la transición energética requiere de la apropiación de la renta petrolera para poder generar toda la infraestructura que será necesaria para garantizar una oferta energética futura, solventar el desarrollo tecnológico hacia otras fuentes de energía y los cambios obligados en el aparato productivo nacional necesarios de aquí a los próximos 30 ó 50 años.

 

* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, y profesora de la maestría en estudios México-Estados Unidos del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en economía y política internacional por el CIDE e investigadora adscrita al Area de Estudios de la Globalidad. (rvargas@servidor.unam.mx ).

 

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