Energía a debate, Marzo-Abril 2010
Editorial
La política y Pemex
Preocupa e indigna el espectáculo legislativo y político en torno a las reformas en Petróleos Mexicanos (Pemex). Si bien a nadie le convenció plenamente, por motivos distintos y a veces encontrados, la Reforma que se aprobó a fines del 2008, se dice en algunos ámbitos que se hizo la Reforma “posible.” No obstante, el hecho es que los tres principales partidos políticos, que abarcan todo el espectro ideológico, la aprobaron en su momento.
Ahora, sin embargo, parece que los políticos de diversas corrientes están empeñados en no aplicarla o echarla abajo. Primero, fue lenta la implementación y ésta se dio sólo en los aspectos burocráticos y no en los operativos. Ahora que se requiere aplicar los contratos incentivados, los grupos de oposición han querido hacerlos fracasar mediante controversias constitucionales, mientras que el propio presidente Calderón parece insatisfecho también y plantea otra “generación” de reformas.
La incertidumbre que todo esto genera no le ayuda a Pemex a operar. No le permite articular adecuadamente sus nuevos proyectos. No atraerá la inversión extranjera que se pretende promover (si es que realmente la queremos y, obviamente, el meollo del asunto es que los mexicanos no nos hemos puesto de acuerdo sobre si la queremos o no). Tampoco ayudará a los proveedores y contratistas actuales ni a la industria nacional.
Las polémicas recientes sobre las disposiciones administrativas de Pemex nacen de otra incongruencia: la ruptura de las alianzas ideológicas. Ahora, PAN y PRD podrían presentar candidatos de unidad para enfrentar al PRI en algunos estados. Fue por esa alianza que el Partido del Trabajo (PT) prefirió buscar al PRI, y no al PRD, para promover una controversia constitucional contra las disposiciones. Cuando el PRI dejó la tarea a medias, el PRD la hizo suya. Así, los políticas demuestran que sólo les importa el poder y las próximas elecciones, no el bienestar de la mayoría de los mexicanos y mucho menos la óptima organización de la industria energética. Todo se vale –les vale–, incluso la destrucción de Pemex, con tal de alcanzar el poder.
Los mexicanos aún no nos hemos puesto de acuerdo sobre el papel del Estado en la economía. No hemos decidido, como sociedad, si el gobierno debe operar la industria petrolera y energética dentro de un esquema de “economía social” o si debe ser sólo el administrador de proyectos y contratos, enfocando sus baterías preferentemente a asuntos de justicia, ley y orden, recaudación, educación y salud. Todo indica que, si no alcanzamos consensos firmes sobre esto, la industria energética nacional va a vivir una situación de zozobra e incertidumbre jurídica.
Hoy por hoy, se percibe un Pemex desanimado y estancado, carente de innovación y desordenado en sus proyectos, con esfuerzos y ambiciones cada vez menores. No hay hallazgo de yacimientos, ni nueva capacidad de refinación, ni repunte de producción. Más que nunca, Pemex requiere actuar con base en criterios industriales y empresariales –no políticos ni ideológicos– para desarrollarse, independientemente de cuáles sean los esquemas de participación privada en la industria. Ése tiene que ser su nuevo paradigma, pero no avanzamos.
David Shields