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Un Pemex desligado de los políticos

La industria petrolera nacional necesita una nueva organización que la permita desligarse de las ineficiencias y la corrupción que son parte inherente del sistema político mexicano.

DAVID SHIELDS*

Para poner a Pemex al servicio de los verdaderos intereses de la Nación –que muchas veces no son los del gobierno en turno–, sería deseable eliminar los vicios del patrimonialismo político, de la corrupción y de los excesos fiscales que han descapitalizado a esta industria estratégica. Se ha visto que no le sirve óptimamente al país un Pemex que responda a intereses políticos y no a criterios empresariales. Al mismo tiempo, la sociedad y los partidos políticos han rechazado la opción de la privatización, entendida como una venta de activos, debido al poco éxito de otros procesos de privatización en México. Además, una apertura amplia a compañías extranjeras no responde a los anhelos nacionales para esta industria.

El Estado mexicano no puede abdicar de su responsabilidad en la industria petrolera, porque se trata de una industria estratégica en el mundo y crucial para el desarrollo nacional. Sin embargo, Pemex no tiene un futuro promisorio con el modelo actual de desarrollo estatal. No es posible creer que el gobierno federal, siendo pobre, estando agobiado por otras responsabilidades y teniendo altos índices de corrupción, pueda ser un buen empresario y un óptimo administrador de los recursos petroleros. Más bien, ese gobierno ha postrado a Pemex, lo ha supeditado a Estados Unidos, ha agotado los yacimientos y ha deteriorado las industrias refinadora y petroquímica. Por ello, la defensa del Estado Mexicano –y de los intereses de bienestar de la población– no es sinónimo de dejar la administración de Pemex en manos del gobierno.

Hoy día, el marco jurídico-normativo y la estructura organizativa de Pemex no permiten la innovación ni las respuestas ágiles a los problemas. Tampoco permiten incursionar en la exploración de áreas vírgenes –donde el riesgo es muy grande para que lo asuma el Estado– ni participar en asociaciones estratégicas con otras compañías petroleras. Esto restringe severamente las opciones en Pemex en casi todo lo que no esté vinculado a la explotación de Cantarell (...) Tendría sentido separar a Pemex del Estado y permitirlo operar como una empresa con la participación de capital accionario privado, la cual crearía mayores exigencias en cuanto a la calidad de los proyectos que se lleven a cabo.

En el plano conceptual, esto implica tener claridad acerca de la diferencia entre dos aspectos que los mexicanos muchas veces confundimos y que impiden ver las cosas con claridad: (1) el dominio de la Nación sobre los recursos y (2) la explotación del petróleo exclusivamente por la Nación. En el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, se establece que “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos”. Este es un precepto común en las leyes de todas las naciones. Sin embargo, en el capítulo sexto se agrega que “ la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos”, lo cual impide la participación privada directa en la industria petrolera. Prácticamente ningún otro país del mundo pone este candado a la participación privada.

El modelo de una empresa petrolera 100 por ciento en manos del gobierno podría, quizás, ser el más idóneo para una compañía cuyos fines fueran netamente fiscales, es decir, con la misión de exportar crudo y maximizar ingresos por este concepto en el largo plazo. Sin embargo, Pemex nunca ha sido una empresa exportadora típica, ya que tiene que abastecer a un amplio mercado nacional, para el cual ha tenido que realizar importaciones elevadas de combustibles desde hace ya más de una década debido a políticas erróneas e inversiones escasas. Una empresa con fines de exportación, además, requiere el sostén de una base de reservas muy amplia –digamos, para 40 años o más de explotación– que ya no es el caso de México. Considerando la prioridad que es el mercado interno, así como la situación de sus reservas y sus yacimientos, Pemex no debe ser ni podrá ser una empresa dedicada principalmente a la exportación de crudo con fines recaudatorios en el largo plazo.

Por lo mismo, es erróneo esperar que Pemex pueda financiar el desarrollo futuro del país a través de la exportación de hidrocarburos, como lo hacen algunos aspirantes políticos. Es válido pensar que la industria petrolera puede contribuir en forma determinante al desarrollo, pero para lograrlo tendrá que abrir nuevos horizontes e incorporar nuevas capacidades que difícilmente pueden ser asimiladas y aplicadas por una empresa con fines abrumadoramente fiscales y exportadores.

*Periodista, consultor en materia de energía y autor de numerosos estudios sobre Pemex y políticas públicas en México. Es licenciado en filosofía y letras y en comunicación por la Universidad de Strathclyde, Escocia. Es director general de esta revista.energia_adebate@yahoo.com.mx