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Pemex, confiscación contable, un régimen fiscal que nos deja peor

Resultó un fiasco, una irracionalidad total, el proceso de aprobación de un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex). Al final del día, la Secretaría de Hacienda se salió con la suya al mantener su control sobre la paraestatal. Asimismo, ganaron los gobernadores en su rebatinga por los dineros de la bonanza petrolera, en vísperas de un año electoral.

SERGIO BENITO OSORIO*

El pasado jueves 10 de noviembre el Senado de la República votó la ley de ingresos 2006 y, con ella, convalidaría una maniobra contable para confiscar los recursos que el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) aportaría a la recuperación y el desarrollo de ésta que es la empresa más importante del país.

De manera desconcertante, y en la última fase de una larga negociación, el Ejecutivo Federal cambió de opinión y dio marcha atrás. A finales de 2004, el Presidente Fox envió al Congreso una iniciativa para modificar el esquema tributario de Pemex a través de la ley de derechos. En la exposición de motivos se da cuenta de las graves dificultades por las que atraviesa la empresa: endeudamiento excesivo, disminución peligrosa en las reservas de hidrocarburos, estancamiento en su capacidad de procesos industriales, frecuentes accidentes y derrames, etc., un cúmulo de problemas que cuestionan su viabilidad futura y las posibilidades para mantenerse como una gran empresa mundial.

EL DICTAMEN DE JUNIO PASADO

El presidente Fox insistió en 2004 y 2005, urgiendo públicamente al Congreso aprobar su iniciativa. Los legisladores durante más de un año examinaron diferentes propuestas y finalmente, en junio de este año, votaron un dictamen que daría en el 2006 un nuevo régimen fiscal a la paraestatal y 24.7 mil millones de pesos (en el primer año), que, sin ser suficientes, permitirían enfrentar en mejores condiciones los diversos problemas. Adicionalmente, la ley avanzó en transparentar las cuentas de la empresa, cuya reputación se significa por los malos manejos y la corrupción.

Al efecto, en el mismo ordenamiento se pusieron las bases para que la Auditoria Superior de la Federación fijara un sistema de evaluación de costos operativos para exigir a Pemex, sobre bases sólidas, mejorar su eficiencia. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) recibirá, como parte de los ingresos por extracción, recursos para potenciar el desarrollo científico y tecnológico en esta materia. Finalmente, las plataformas de extracción y exportación quedarían sujetas, anualmente, en la ley de ingresos, para evitar el uso unilateral de un recurso que no es propiedad de Pemex, sino de la Nación.

VETO Y OBSERVACIONES DE FOX

Sin embargo, el presidente vetó la ley de derechos el 6 de septiembre, aduciendo una pérdida extraordinaria de recursos para la federación y para los estados, y presentó un conjunto de observaciones entre las que destacan: ampliar (un año) el período de transición para la amortización de las inversiones, garantizar ingresos a las entidades federativas, establecer un tratamiento diferenciado al gas natural; eliminar la fiscalización a los costos, establecer la participación del Congreso en la fijación de las plataformas de extracción y exportación, asegurar la entrega directa de recursos al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), introducir modificaciones al gobierno corporativo de la entidad y, finalmente, integrar los ingresos adicionales a la meta de balance financiero de la empresa.

Durante dos meses el Congreso procesó las observaciones del presidente y, en definitiva, el Senado votó una nueva fiscalidad para Pemex el pasado 8 de noviembre. Retuvo las facultades para fiscalizar costos, para fijar los máximos de extracción y exportación de petróleo y la contribución al IMP y desechó la incorporación de particulares al Consejo de Administración de la empresa, así como la consolidación de sus ingresos adicionales al superávit financiero. El resto de las observaciones presidenciales fueron admitidas, en particular, se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar y aumentar la contribución de Pemex a los estados.

TRIUNFO DE LOS GOBERNADORES

Derivado de una presión extraordinaria de los gobernadores –que han servido como ariete a la Secretaría de Hacienda– la negociación, en su última fase, dio como resultado la anulación de los beneficios que se buscaban para Pemex.

Desde hace tres años, los gobernadores de los estados han escenificado una verdadera rebatinga por los dineros de la bonanza petrolera. Prácticamente eliminaron el fondo de estabilización de ingresos petroleros que debería de acumularse y servir para apoyar el crecimiento de Pemex y como reserva estratégica para superar caídas abruptas en los precios. En su lugar se han repartido los excedentes sin importar el riesgo o la eventualidad. Ningún mandatario estatal ha logrado ampliar su recaudación local y las transferencias petroleras les han brindado una magnifica oportunidad de dinero fácil, bajo condiciones difíciles de fiscalización federal (como se habrá podido notar en el aumento del gasto en publicidad de aquellos mandatarios que han participado electoralmente).

Así, el régimen fiscal aprobado contiene disposiciones para obligar a ampliar la extracción de petróleo hasta por 77,000 barriles para el año que entra y 180,000 barriles diarios para 2008. De no lograrse, Pemex deberá pagar un derecho adicional distribuible plenamente a los estados. Esta sola disposición otorga un nivel de cobertura a las entidades que no tiene la federación.

Pero, adicionalmente, en la ley de ingresos se incorporaron dos elementos más: un aprovechamiento del 6.5% a entregar a los estados sobre el valor que resulte de la exportación, cuando el precio supere los 36.50 dólares por barril, y que pudiera significar 500 millones de pesos por cada dólar adicional. Esta disposición no estaba presente en el régimen fiscal y se incorporó de contrabando en la ley de ingresos. Además, esta última ley aumentó la obligación del superávit de las empresas públicas en un monto aproximado a los recursos adicionales que debe percibir Petróleos Mexicanos en 2006 , por un monto de 23.5 mil millones de pesos, lo que equivale a impedir que esta empresa pueda disponer de estos recursos para inversión o pago de deuda.

¿Qué pasó? ¿Por qué hacer fracasar un acuerdo que tardo más de dos años en construirse? El resultado parece la esquizofrenia y la irracionalidad total. En términos de dinero, el presidente veta el primer régimen porque considera que la transferencia de recursos a PEMEX es extraordinaria (24.7 mil millones de pesos) cuando el nuevo consensoalcanzado con la Secretaría de Hacienda aporta 23.5 mil millones de pesos: menos del uno por ciento del presupuesto anual de ese organismo. Pero además impiden que lo use. Entonces ¿qué mejora se pretendía para Pemex?

GANA LA SHCP; PIERDE MÉXICO

La conducta es contradictoria pero, en esta ocasión, no sólo del presidente, sino también de la mayoría de los legisladores. Es evidente que para Vicente Fox, para su obra de gobierno, este resultado será recordado como un fracaso, porque se dejó llevar por el celo de la alta e incapaz burocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ganó al mantener el control sobre Pemex –hay que recordar que hasta el mismísimo Carlos Slim ha pedido no privatizar Pemex y sacarlo del control presupuestal–.

El voto de los legisladores seguramente tuvo en la mira su futuro político, pero no estuvieron a la altura para resolver uno de los principales asuntos del presente y del futuro del país. En cambio, los gobernadores (que no sus entidades) y sus partidos políticos ganaron porque pudieron concretar una operación política que pondrá en sus manos grandes cantidades de dinero en una coyuntura dominada por las elecciones federales de 2006.

¹ El proyecto de Ley de Ingresos 2006 enviada por el Ejecutivo Federal contenía, en la parte C de la tabla de ingresos un superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo por 176.6 mil millones de pesos, sin embargo la minuta enviada por los diputados y votada por el Senado aumentó este rubro hasta 201.7 mil millones de pesos, y se sabe que ese superávit lo forman en realidad los recursos de Pemex y CFE.

² Ver página 27 del proyecto de dictamen sobre la Ley de Ingresos 2006, puesta a discusión de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Senadores.

³Ver página 8 de las Observaciones sobre el Capítulo XII, del título Segundo de la Ley Federal de Derechos enviada a la H. Cámara de Diputados por el C. Presidente de la República.

*Es licenciado en Economía y coordinador de asesores de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Ha sido diputado federal por el PRD y presidente de la Comisión de Energéticos, así como consejero de México para Asuntos Agropecuarios en Europa y representante para las Negociaciones de México en el GATT. ([email protected])