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El mito del Fénix

Con su rechazo a un “subsidio”, basado en el reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales, la Secretaría de Hacienda ha querido echar abajo el Proyecto Fénix. Las fórmulas de precios que derivan de este reglamento han frenado nuevos proyectos petroquímicos, incluyendo los de Pemex, por lo que podría ser conveniente reformarlo.

SERGIO BENITO OSORIO*

Es paradójico que un gobierno, como el del presidente Vicente Fox, que promueve una orientación liberal de la economía, se encuentre en contradicción con el modelo liberal que Carlos Salinas de Gortari avanzó en la estructura legal y reglamentaria con que las empresas públicas deben operar en el país.

El 21 de octubre de 2004, el gobierno federal adjudicó a la empresa canadiense Nova Chemicals Co. y a las mexicanas Indelpro y Grupo Idesa el Proyecto Fénix, que debía dar lugar al establecimiento petroquímico más importante de las últimas décadas en México; cuyo costo se había estimado en más de dos mil millones de dólares, para producir un millón 200 mil toneladas de etileno (bolsas, empaques, anticongelantes, tubería, pinturas, etc.) y 600 mil toneladas de propileno al año (hules sintéticos, resinas, solventes, etc.). Esta producción, además, aliviaría el déficit de la balanza comercial de la industria química estimada en alrededor de 12 mil millones de dólares al año.

El esquema tecnológico seleccionado tomaría como base a las gasolinas naturales, a diferencia de los complejos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos procesos parten del gas natural (etano). La negociación de este proyecto pronto cumplirá dos años y estaba llamado a convertirse en uno de los mayores éxitos del presidente Fox, frente a los intentos frustrados de gobiernos anteriores para concretar, en esta materia, proyectos de talla mundial con inversión privada. Sin embargo, el pasado 11 de julio el director general de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido, dio a conocer que el proyecto no se llevaría a cabo porque las autoridades de la Secretaría de Hacienda no estaban de acuerdo en autorizar un subsidio (descuentos) a los insumos (naftas) que debía suministrar Pemex como parte de la asociación con los particulares.

Es necesario tener en cuenta que en 1992 se reclasificaron legalmente los productos petroquímicos, creándose una división artificial entre petroquímica básica y secundaria para facilitar la inversión privada en un área que había sido mantenida en exclusiva para la acción del Estado. La petroquímica secundaria quedó totalmente abierta a los particulares y sin embargo, después de más de diez años, no se ha logrado atraer ni una sola inversión privada de gran escala. Se ha intentado vender los complejos propiedad de Pemex, buscar asociaciones de mayoría privada (51-49%), pero nada ha resultado. Lo único verdaderamente real es el estancamiento de la inversión pública y privada, la reducción de la producción, el desmantelamiento de algunas plantas de Pemex y la cuasi-desaparición de la pequeña y mediana empresa química del país, junto con el acelerado crecimiento de las importaciones.

¿Qué es lo que ocurre? Que se trata de improvisar, de trampear la estructura legal que sigue vigente y que fue ideada para que el Estado mantuviera de manera integrada la explotación de los hidrocarburos –entendido el término “explotación” como se consigna en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia de petróleo, es decir, que no sólo implica la extracción, sino también su transformación–. Pretender ignorar la ley, al final, sólo dilata los procedimientos, hace perder credibilidad institucional y la oportunidad de atraer inversión que resulta necesaria.

El presidente Salinas buscó limitar la exclusividad del Estado en materia de energía, lo intentó en electricidad como en petroquímica y en ambos casos lo consiguió parcialmente. Los gobiernos que le sucedieron han querido culminar la obra pero, ante la imposibilidad política, han optado por buscar “puertas traseras” que hasta ahora han resultado en fracaso.

El modelo de eficiencia económica de Pemex, para Salinas de Gortari, lo constituía una empresa con filiales especializadas e independientes en su operación, que no se sostuvieran entre sí, y que probaran en el mercado su viabilidad. Pero igualmente, la empresa privada debería estar despojada de todo proteccionismo público y su competitividad debería depender de sus propias fortalezas frente a los competidores externos. La modernización salinista implicó romper la dependencia de la empresa privada respecto al Estado, que se había construido a través de una amplísima red de subsidios generalizados y suministrados en precios especiales de energéticos e insumos industriales, así como en mecanismos de protección comercial en frontera.

En este sentido, en abril de 1995, se promulgó una legislación que prohibe los subsidios internos y externos. El Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales, en su Artículo 26, establece que los precios y tarifas de los bienes que produzcan las paraestatales se fijarán considerando los prevalecientes en el mercado internacional y “para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el exterior, los precios se fijarán considerando el costo …real de oportunidad [que] será el precio en el mercado internacional”. Este ha sido el fundamento para las fórmulas de precios entre las distintas filiales de Pemex y, seguramente, es la razón que sostuvo la Secretaría de Hacienda al negarse a otorgar un subsidio a la materia prima objeto de los procesos petroquímicos del Proyecto Fénix.

El argumento de la SHCP es impecable desde el punto de vista de la Ley y de su reglamento, y aún más porque de haber concedido un subsidio en el proyecto Fénix hubiera implicado un trato discriminatorio para los complejos petroquímicos propiedad de Pemex (siete filiales entre las que sobresalen Cangrejera, Morelos y Pajaritos) que no reciben subsidios y han tenido que cerrar plantas ante una estructura de precios que los hace no competitivos a nivel internacional.

Es interesante observar la posición de la empresa privada en este caso (y en los precios del gas natural), que demanda la adopción de subsidios para sostener la competitividad de sus proyectos. A diferencia de los gobiernos pasados, la administración del presidente Fox está compuesta por algunos empresarios y un gran número de ex ejecutivos de empresas privadas, y justamente son ellos los que en mayor medida promueven el interés de que las empresas públicas vuelvan a subsidiar a las privadas, en oposición al pensamiento ortodoxo liberal sobre el funcionamiento de la economía y los mercados.

La transmutación del proyecto Fénix para ampliar las plantas de Morelos y Cangrejera, con inversión privada, va a significar nuevas dificultades porque en esos complejos se procesan petroquímicos básicos, y el uso de los activos fijos por particulares implicaría una enajenación que acarrearía dificultades políticas y legales; además que el cambio de tecnología a gas natural supondría el uso de un insumo que el país importa a precios muy altos, lo que puede lastrar el equilibrio económico del proyecto.

Quizás lo más conveniente es que el propio Ejecutivo Federal presente una iniciativa para reformar La Ley de Entidades Paraestatales y modifique su reglamento, con el propósito de poder impulsar no sólo las alianzas que pueda establecer Pemex, sino la producción de sus propios complejos petroquímicos que mucha falta le hacen al país.

Ojalá y este Fénix no se consuma en la improvisación y la petroquímica pueda ser una de las “aves” más exitosas de la industria mexicana de hidrocarburos.

*Es licenciado en Economía y coordinador de asesores de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Ha sido diputado federal por el PRD y presidente de la Comisión de Energéticos, así como consejero de México para Asuntos Agropecuarios en Europa y representante para las Negociaciones de México en el GATT. (sosorir@hotmail.com)